Una de las propuestas más mencionadas en materia económica es la reducción del Impuesto General a las Ventas de 18% hasta 15%, de manera gradual, y que sería uno por ciento cada año hasta llegar al 15% mencionado. Es una de las medidas que llaman más la atención en materia de política fiscal, que tiene sus pros y contras, y que será analizada en el presente artículo.
Teóricamente, una política fiscal expansiva se puede llevar a cabo mediante el incremento del gasto y la reducción de los impuestos, pero en la práctica la situación es diferente. En un reporte del FMI (2009) se afirma que lo mejor para expandir el Producto Bruto Interno (PBI) es soltar el gasto de gobierno, y que una reducción de impuestos no necesariamente conlleva a un mayor consumo y, por consiguiente, mejor PBI. Es decir, en la práctica se trata de ejecutar mejor el gasto frente a políticas tributarias innecesarias.
En el 2011, se regresó el IGV de 19% a 18%, nada pasó con el PBI y menos con los precios y base tributaria, lo que representó una pérdida de más de 200 millones de soles en el fisco peruano. La idea aquí, a sabiendas del efecto nulo sobre el PBI que ya mencionamos, era disminuir los precios. La reducción de la presión tributaria generaría un margen para que las empresas bajen sus precios, pero al final no pasó ello, ya que nuestro mercado es imperfecto y concentrado, no baja los precios y se guarda el diferencial. Es básicamente un mercado en colusión o cartel el que tenemos en el país, y que no necesariamente cede en precios frente a reducciones en impuestos.
Es necesario que para este tipo de medidas tengamos un estudio depurado sobre políticas de incidencia tributaria sumado a pruebas en elasticidad de bienes; de esta manera se puede tomar una decisión política que no esté ajena de un informe técnico que la avale, ya que pueden concentrarse los ingresos en el sector empresarial mas no en el consumidor.