Lo que nadie quiere ver

El sistema penitenciario tiene –al menos en teoría– una función correccional. Además de sancionar, el tiempo en prisión debiera permitir una reintegración social al término de las condenas. Pregunto: ¿se puede cumplir esa función si ni siquiera podemos garantizar que los reclusos lleguen vivos al final de su condena?

El coronavirus ha convertido el antiguo problema de salubridad en los penales en un tema de vida o muerte. No hacer nada al respecto es renunciar a cumplir el primer artículo de nuestra Constitución, así como tratados internacionales y principios básicos de derechos humanos.

Parece que así lo entendió el gobierno, pero lo hizo muy tarde y ha abordado el problema con gran impericia.

¿Qué ha hecho el Ejecutivo? Primero, el presidente ha usado su facultad de indulto para reducir la población carcelaria en situación de riesgo, pero este beneficio ha alcanzado a menos de 100 internos, una cifra insignificante considerando que el total de reclusos es de 96,000.

También se planteó la liberación de condenados por deudas de alimentos previa cancelación de la misma. Sin embargo, el mecanismo ha tenido un impacto muy limitado por una obvia razón: si alguien acabó preso por no poder pagar esta deuda en libertad, ¿podrá hacerlo estando detenido y en medio de la debacle económica?

Finalmente, el 5 de mayo el Ejecutivo planteó un proyecto de ley con varias estrategias (cese de prisiones preventivas, exclusión de delitos y revisiones de oficio, entre otros). El problema con el proyecto es que vino casi dos meses luego de iniciada la emergencia, y finalmente fue archivado en el Congreso.

Y eso me lleva al Legislativo. Si el Ejecutivo ha sido lento y torpe, la actuación del Congreso ha sido peor por irresponsable y demagógica. La celeridad que han mostrado en temas como los de las AFP, taxis colectivos y peajes desapareció cuando tocó discutir este proyecto.

La razón es clara: liberar presos siempre será impopular, y los temas impopulares no parecen interesarle a este Parlamento.

En el debate, los congresistas José Vega (UPP) y Diethell Columbus (Fuerza Popular) usaron la misma expresión: según ellos, el Ejecutivo le quiere “soplar la pluma”, es decir, tirarle la pelota al Congreso. ¿No se supone que el Parlamento está precisamente para legislar?

Hacer política no es solo hablar de lo que todos quieren escuchar, sino también de lo feo y difícil. Y si ambos congresistas dudan que sobrevivir hoy en una prisión es duro, pueden preguntarles directamente a los líderes de sus agrupaciones.