JNJ y Congreso: Retos y urgencias en defensa de la institucionalidad

Por: Samuel Abad Yupanqui

Este 2020 plantea retos a dos “nuevas” instituciones. Una Junta Nacional de Justicia (JNJ) con integrantes recién designados y un Congreso de corta duración. Su futura labor genera expectativas por las tareas urgentes y prioritarias que deberán asumir en una democracia que reclama cambios.

La JNJ se instalará en breve. Antes de su instalación, la Comisión Especial que eligió a sus miembros debería revisar la ilegal bonificación otorgada a uno de los postulantes seleccionados. La Ley 29248 (2008), Ley del servicio militar, reconoció una bonificación del 10% en concursos para “puestos de trabajo” en la administración pública (artículo 61). Su finalidad fue beneficiar a quienes prestaron el servicio militar voluntario que existe desde enero del 2000 para hacerlo “más atractivo” y captar el número de voluntarios que requieren las Fuerzas Armadas. No puede aplicarse a la elección de altos funcionarios como los miembros de la JNJ que tienen un régimen especial y menos a quienes estudiaron en un colegio militar 33 años antes de su vigencia. La Comisión emitió ayer un comunicado en el que se defiende esta bonificación e inclusive cita un decreto ley de 1974 cuando había servicio militar obligatorio y no se reconocía dicha bonificación. Concederle ese beneficio a quien estudió en un colegio militar de 1973 a 1975 es ilegal. Se otorga una bonificación diseñada para un modelo de servicio voluntario a una etapa en la cual el único modelo existente era el obligatorio.

Debe tenerse en cuenta la circunstancia y la expectativa en la que la JNJ asumirá funciones. Además de nombramientos, ratificaciones, evaluaciones parciales y destituciones de jueces y fiscales, debe revisar los nombramientos y ratificaciones irregulares efectuados por el anterior Consejo Nacional de la Magistratura. Tarea prioritaria y compleja para la cual solo tiene 18 meses por mandato constitucional. Debería empezar revisando los nombramientos y ratificaciones de jueces y fiscales supremos. Algunos no deberían seguir impartiendo justicia. A la JNJ también le corresponde conducir el concurso público de méritos para elegir a los jefes de los nuevos organismos de control interno del Poder Judicial y del Ministerio Público. Según las leyes 30943 y 30944 (2019), su titular ya no será un juez ni un fiscal supremo, como sucede en la actualidad. La ciudadanía exige buenos jueces y fiscales, y para ello se requiere instituciones que garanticen un efectivo control interno. Además, la JNJ deberá designar a los jefes de la ONPE y del RENIEC, organismos fundamentales en todo proceso electoral.

Al nuevo Congreso, le corresponderá nombrar a seis magistrados del Tribunal Constitucional (TC). Un organismo clave para la defensa de la Constitución y el fortalecimiento de la democracia. Recientes encuestas evidencian una preocupante distancia con las expectativas ciudadanas. Según IEP (diciembre 2019), solo el 23% aprueba su gestión y el 63% la rechaza. Se debería apostar por una conformación paritaria: tres hombres y tres mujeres de sólidas convicciones democráticas, elegidos a través de un proceso público y transparente y que puedan trabajar en equipo. Además, el próximo Congreso debe retomar los temas clave de la reforma política para que el 2021 podamos contar con un mejor proceso electoral y una mejor representación. Un paso previo implicará flexibilizar la Ley Orgánica de Elecciones (artículo 4) para que los cambios electorales básicos puedan aplicarse en las elecciones del 2021. Este 26 de enero debemos elegir con responsabilidad. De nosotros depende volver al pasado o avanzar al futuro.

Una Constitución democrática es aquella donde todas las personas son titulares de derechos y pueden ejercerlos. No siempre ha sido así. En el inicio de la República, los derechos no eran reconocidos a todos los peruanos. Recién desde la Constitución de 1979, se reconoce la ciudadanía a todas las personas: mujeres y hombres, alfabetos o no. Para avanzar hacia un constitucionalismo sin privilegios ni exclusiones, debemos ser conscientes de ello, asumir responsabilidades y fijar bases para un cambio.

No bastan las normas para hacer que los derechos sean una realidad. Las instituciones deben cumplir sus tareas. Este 2020 dos instituciones “nuevas” tienen el reto de conducir e implementar cambios sustanciales que contribuyan a que las personas sean verdaderos ciudadanos.