Pilatos
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El Congreso archivó los proyectos que buscaban establecer medidas extraordinarias para descongestionar las cárceles. El debate estuvo plagado de tergiversaciones, incapacidad técnica y, lo más preocupante, falta de humanidad. Ya son cerca de 200 los internos fallecidos por el virus. La comparación con la cifra nacional de muertes (mayores de edad) muestra el tamaño de la irresponsabilidad: hay catorce veces más chances de morir por COVID en prisión que fuera de ella. Es la realidad a la que nuestros políticos le dieron la espalda.

El tono con el que el Parlamento encaró el tema fue un eco de la desafortunada rueda de prensa del Ejecutivo del 29 de abril en la que se espetó: “no sean frescos”. Aquel día el presidente hizo de la crisis carcelaria un instrumento para golpear a sus opositores. No se malentienda. La memoria es necesaria. Y es válido recordar décadas de inacción en las que el hacinamiento creció exponencialmente, también el antecedente criminal de los narcoindultos, para no repetir errores. Pero, dada la dificultad de una medida urgente e impopular, la confrontación fue contraproducente. Se debió mostrar liderazgo, explicando y uniendo.

El Ejecutivo y el Congreso han fallado clamorosamente. El problema sigue allí. Las cárceles como 68 focos de contagio no solo ponen en riesgo a los presos, sino a la salud pública en general. No se va a solucionar solo. No actuar es un camino seguro hacia la tragedia y la condena internacional del Perú. Ahora que el gobierno ha anunciado un nuevo pedido de facultades legislativas sobre esta materia, ojalá se superen los recelos y se colabore para que la situación no se torne irremediable. La Constitución y los derechos humanos así lo demandan.