Martín Vizcarra llegó al Congreso acompañado de manifestantes que apoyan a Rafael Vela y Domingo Pérez. (Rolly Reyna)
Martín Vizcarra llegó al Congreso acompañado de manifestantes que apoyan a Rafael Vela y Domingo Pérez. (Rolly Reyna)

La propuesta del Gobierno de declarar en emergencia el Ministerio Público contuvo el daño que Pedro Chávarry quiso causar y salvó la investigación penal que se realiza en la Fiscalía Anticorrupción para establecer a quiénes les pagó Odebrecht sobornos en el Perú, a lo largo de los últimos cuatro gobiernos nacionales, regionales y municipales.

Pero nada de esto habría sido posible si la ciudadanía no hubiera alzado su voz, dejando de lado su desafección política, y recuperado su capacidad de indignación.

Los peruanos que postergaron sus celebraciones de Año Nuevo para ir a las plazas de sus ciudades a protestar estuvieron acompañados de familia o amigos y no dejaron de hablar del tema toda la noche, y de seguir, a través de las webs de los diarios o de las redes sociales, lo que estaba ocurriendo en nuestras calles.

Nadie se mantuvo ajeno. La indignación fue real, general y transversal. Alcanzó a todos dejando atrás la indiferencia o la docilidad de otros tiempos. Se abrió, por fin, un cauce por donde orientar un cambio verdadero. A una gran mayoría de peruanos nos une hoy un mismo sentimiento, un mismo valor, una indignación bien canalizada en pos de una sociedad digna, con autoridades dignas, que le devuelvan dignidad a nuestro país.

Esto no tiene que ver con la izquierda ni con la derecha. Más allá de nuestras opiniones políticas, convicciones ideológicas, del lugar de donde vivimos, del grosor de nuestras billeteras, la gran mayoría de peruanos tenemos hoy la certeza de que la corrupción pudre, deteriora, crea falsos líderes que contagian sus vicios y pervierten el sistema. La corrupción posterga nuestro futuro y tenemos que enfrentarla.

Por eso las multitudinarias marchas que exigen al presidente y a los congresistas que se indignen honestamente, que actúen en su representación, que canalicen esa fuerza y se empoderen de ella. Que no permitan que este nervio se quede en nada porque la frustración puede conducir a cualquier tipo de extremismo.

Quienes no creen hoy en la auténtica indignación que colma a los peruanos, no conocen a este pueblo. Y cuidado, el cinismo puede ser un cómplice enjuto y taimado de la corrupción.

Desde que comenzó el año, analistas y editorialistas de todos los medios, han escrito a favor o en contra del presidente Martín Vizcarra y del (todavía) fiscal de la Nación, Pedro Chávarry. Las controvertidas decisiones adoptadas por el segundo la víspera del Año Nuevo provocaron una rápida y extrema reacción del primero. La maniobra de Chávarry para boicotear el acuerdo que los fiscales del caso Lava Jato en el Perú están por firmar con Odebrecht, hizo que Vizcarra interrumpiera un viaje, regresara y enviara al Congreso un proyecto de ley para declarar en emergencia el Ministerio Público.

Si bien el fiscal tuvo que bajar la cabeza, retroceder y reponer a los fiscales Vela y Pérez Gómez, al presidente empezaron a lloverle críticas, unas muy documentadas, otras muy irracionales; unas bien intencionadas, otras realmente desproporcionadas; de que el proyecto de ley tendría visos de inconstitucionalidad.

A Chávarry le han pedido que se vaya de la Fiscalía desde sus vecinos de La Molina hasta sus colegas más íntimos. La propuesta del Ejecutivo está en el Congreso; mañana habrá Junta de Portavoces, el reto del Legislativo será corregir los aspectos que chocan contra la Constitución y encontrar una salida constitucional y pronta para la indispensable reorganización de la Fiscalía. En el Ministerio Público hay magistrados vinculados a la banda de Los Cuellos Blancos; es de conocimiento público y el hecho desnaturaliza la función para la que fue creado. No se puede respetar una institución que tiene parte de la cabeza carcomida por el vicio.