Se veía venir. El Pleno del Congreso aprobó ayer, por unanimidad, otorgarle facultades especiales a la Comisión de Fiscalización para investigar al Gobierno Regional de Loreto ante la denuncia de graves irregularidades en la gestión de su presidente, Yvan Vásquez.
El acuerdo estuvo precedido de un tenso debate debido a la pretensión del congresista de AP-Frente Amplio Leonardo Inga–autor de la moción– de incluir en la investigación, a última hora, a los gobiernos regionales de Huánuco, Lima-provincias, Callao, Huancavelica, Ucayali, Ayacucho, Piura, Cajamarca y Arequipa.
Esta propuesta fue respaldada por los fujimoristas Juan José Díaz Dios, Héctor Becerril y Segundo Tapia, pero rechazada por parlamentarios de distintas tiendas políticas que cuestionaron que se pretenda incluir en la moción a otros nueve gobiernos regionales sin antes haber debatido al respecto.
El congresista Javier Bedoya (PPC) fue uno de los más severos. "Terminaremos desprestigiando al Parlamento. Va a ser imposible investigar a medio Perú y la población nos lo va a enrostrar. (…) Vamos a ser nuevamente el hazmerreír del país", advirtió.
Su posición fue secundada por el titular de la Comisión de Fiscalización, Vicente Zeballos, quien criticó que se pretenda iniciar nuevas investigaciones sin que antes el Pleno haya debatido los informes finales sobre los casos Ecoteva, Alexis Humala, el Gobierno Regional de Cajamarca, entre otros.
MAL USO DE FONDOSDe otro lado, la Contraloría determinó que funcionarios de la región Loreto habrían hecho uso irregular de S/.7 millones provenientes del 12% del canon petrolero, los cuales debieron ser otorgados como créditos promocionales en beneficio de productores agrarios, pecuarios y pesqueros.
El domingo, Cuarto poder informó que Vásquez otorgó créditos agrarios por 91 millones de soles a través de empresas de "fachada", y benefició a empresarios e incluso a dos congresistas.
TENGA EN CUENTA
- La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado prisión preventiva para Yván Vásquez por los presuntos delitos de colusión agravada, cohecho pasivo propio y aprovechamiento indebido del cargo.
- Estos cargos se fundamentan en la adquisición de cuatro grandes lanchas por S/.9 millones obviando procesos de licitación.