Intérpretes de la Constitución

Esta semana se ha reavivado el debate en torno a la selección de los nuevos miembros del TC, polémica que el año pasado precipitó nada menos que la disolución del Congreso. La demanda de muchos es que dicha elección se rija por criterios más meritocráticos y menos políticos. ¿Es esto posible considerando que el proceso está a cargo del Congreso, ente político por antonomasia?

Es interesante trazar un paralelo con lo que sucede en Washington DC estos días. El Senado ha programado para el jueves el voto de confirmación de la abogada Amy Coney Barrett en la Corte Suprema, que es el equivalente al TC en EE.UU. Esto viene luego de la muerte de la legendaria jueza Ruth B. Ginsburg, que dejó abierta la posibilidad de que Donald Trump proponga a su sucesora.

El hecho ha desatado una encarnizada batalla política. ¿Debería Trump proponer a un magistrado con un encargo de por vida en medio de una campaña electoral que muy probablemente terminará con su mandado? Las encuestas revelan que la mayoría preferiría que el reemplazo se dé después de la elección, pero finalmente todo se reduce a votos: los republicanos tienen mayoría en el Senado y es muy probable que confirmen a Barrett.

Como vemos, no hay mucho de meritocrático en este proceso. Es una batalla política por excelencia entre dos visiones del mundo: la más progresista y liberal de los demócratas, y la más conservadora de los republicanos. Y parece inevitable que así sea pues, como hemos visto, la interpretación constitucional aquí y en todo el mundo no es puramente objetiva y suele responder precisamente a visiones del mundo.

Lo que de ninguna manera se debe permitir es que la elección de miembros del TC responda a intereses particulares o de grupos económicos. Eso sí sería una repartija.