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El Ministerio del Interior solicitará a la Policía Nacional toda la información de los vehículos oficiales asignados a los altos funcionarios del Estado. Ello, según pudo conocer Perú21, con la finalidad de "hacer un uso racional en el tema de los desplazamientos rápidos" por las calles de la ciudad.
Fuentes del Ejecutivo indicaron que el objetivo es "evaluar si el universo de las unidades corresponde al número de autos destinados para fines de seguridad de funcionarios".
Asimismo, refirieron que los únicos funcionarios que tienen garantizado su desplazamiento rápido –sin restricción alguna– son el presidente de la República, los titulares del Congreso y del Poder Judicial y, eventualmente, los ministros de Estado en diligencias oficiales.
Por su parte, el ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, admitió que el tema del desplazamiento de vehículos oficiales "molesta al ciudadano, pero usado racionalmente resulta necesario".
PAPELETASEn cuanto al tema de las numerosas papeletas que deben los órganos del Ejecutivo, Pedraza lo consideró un "asunto secundario-administrativo que se verá cómo se resuelve".
"El uso de un sistema de traslado rápido de autoridades responde a un aspecto total de seguridad. Es verdad que no estamos en la década del 80. Sin embargo, quienes ejercen una función pública, algunos especialmente, tienen un riesgo latente", manifestó en un acto en La Molina.
Por su parte, Miguel Gonzales, gerente de Transporte Público de la Municipalidad Provincial del Callao, comentó a Perú21 que hay dos vehículos del Estado que se encuentran con orden de captura. "Hay dos autos en esa situación, pero me reservo el derecho de mencionarlos", agregó.
El funcionario informó que representantes de la PCM y de los ministerios del Interior y de la Producción acudieron a su despacho para pedir el estado de los gravámenes de las unidades infractoras.
SABÍA QUE
- Los vehículos 'cofres' (autos chinos donados para la Cumbre APEC ) están registrados en los ministerios, y los 'seguidores', en la Dirección de Logística de Seguridad del Estado.
- Los magistrados que investigan casos de criminalidad organizada, como narcotráfico, requieren garantías para su seguridad.
