Intereses y cuentas por cobrar

No deja de ser grotesco oír la acusación de “incapacidad moral” en boca del congresista Edgar Alarcón, quien arrastra media docena de investigaciones relacionadas con delitos de corrupción y llegó a su curul aupado por una fuerza política cuyo líder se encuentra en la cárcel, purgando condenas por secuestro y homicidio. Lo alarmante, en cambio, es que buena parte de las bancadas del Congreso se hayan sumado alegremente a la desorbitada iniciativa de vacar la Presidencia de la República propuesta por un personaje de tan microscópica credibilidad.

Es como si en la Plaza Bolívar los representantes hubieran estado esperando el menor pretexto, cualquiera que surgiese, para cobrarle al jefe de Estado los desaires recibidos cuando le presentaban proyectos de ley a todas luces insensatos –presión de los especialistas y la opinión pública mediante– que eran devueltos con las mismas.

Que Martín Vizcarra tiene mucho por explicar a la justicia penal no lo discute nadie. La Fiscalía, suponemos, estará ya movilizándose, las pesquisas se tendrán que profundizar y el presidente deberá allanarse a ellas.

Más difícil es entender las razones por las que partidos de larga tradición democrática como Acción Popular –de lo que queda del Apra y Mauricio Mulder, quien poco tardó en celebrar la iniciativa de Alarcón, no se puede esperar nada en favor de la democracia– apoyen los intereses de los antisistema para derribar a un presidente en momentos en que el país, por obra de la pandemia, camina en punta de pies al borde de un desfiladero económico. Y que el empujoncito propuesto por el antaurismo dejaría a la mayoría de los peruanos prácticamente en caída libre, pues sabemos lo que significa cada cambio de autoridades en el Estado y lo que se tarda en convocar y organizar nuevos equipos de trabajo en cada sector de la administración pública.

Admitida la moción de vacancia, cabe esperar que cada parlamentario medite su decisión individualmente y vote pensando en el costo social que una medida de semejante magnitud –a seis meses de las elecciones presidenciales– tendría para un Perú en emergencia. Responsabilidad, señores, lucidez: no es momento de cobrar cuentas atrasadas.