(Foto: Alessandro Currarino/@photo.gec)
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El ilegal bloqueo de carreteras en distintos puntos del país causó dos muertos –uno entre los manifestantes y otro atropellado al que una ambulancia no pudo auxiliar–, decenas de policías heridos, además de enfermedades y padecimientos entre los viajeros atrapados, desesperados y varados en los caminos.

Las demandas de los trabajadores necesitan ser escuchadas y atendidas, pero su voz debe canalizarse de manera legal, transparente y pacífica. Ceder a lo contrario es ceder a la extorsión. El Gobierno no puede mostrar ingenuidad frente a las agendas ocultas detrás de bloqueos, pedradas, incendios, asaltos y saqueos que durante cinco días sufrieron trabajadores y propietarios formales de las chacras y los fundos de Ica.

Hay agrupaciones políticas trepándose a la paralización; ahí estuvieron las oportunistas declaraciones de los congresistas del Frente Amplio, por ejemplo; pero hubo otras organizaciones políticas azuzando la violencia, infiltrando las marchas con personas agresivas que no eran del lugar, y asesorando a los trabajadores en huelga para que no reconozcan representantes, se nieguen a dialogar y por ende a llegar a acuerdos y soluciones con los interlocutores legítimos de parte del Estado y del sector privado que se presentaron desde el primer día.

Fuentes de inteligencia refieren que esta paralización fue planeada y coordinada por extremistas de ambas agrupaciones hace aproximadamente seis meses; había que aprovechar el descontento, el desempleo, el déficit sanitario, el encierro y las restricciones que la pandemia dejaría entre los trabajadores. Así las condiciones estarían dadas para montar una asonada que pusiera al Gobierno contra la pared –en ese entonces pensaban que sería el de Vizcarra–.

Un analista destacado pone el dedo sobre la campaña jurídica y comunicacional desarrollada en ocho cortes judiciales del país y en redes sociales por la gente de Antauro Humala. Su objetivo es el indulto. Recordemos que los principales vacadores en el Congreso fueron los antauristas. Su interés era que el encargado de la presidencia les debiera el favor, y como favor con favor se paga, conseguirían el indulto de su jefe. Es evidente que lo quieren como candidato en 2021.

Pero el indicio más razonable se encuentra en la página 5 del documento que la cúpula de Sendero Luminoso aprobó para su reorganización política bajo el nombre de Movadef, y que se titula “Plan de Construcción del Partido”. Textualmente, en el acápite 5, Puntos Programáticos, dice: “En el campo ¿Qué gana el campo andino con Agro exportación, TLC?... como parte del programa agrario sin dejar de lado tierra para quién lo trabaja” (sic).

¿A quiénes les convenía exaltar la violencia para hacerse notar, prolongar la paralización del agro para aparecer después como redentores? No olvidemos que mientras practicaban “la lucha armada” los terroristas de Sendero Luminoso asesinaron sin piedad a miles de campesinos. Ahora, para que voten por sus candidatos, quieren lavarse la cara y aparecer como sus reivindicadores.

¿Y a quiénes les interesaba crear desasosiego entre la población y arrinconar al Gobierno? Sin duda, a los radicales que exigen la libertad de Antauro Humala.

Presidente Sagasti, no deje de ver los intereses oscuros y ocultos detrás de protestas que, siendo legítimas, son utilizadas por violentos azuzadores. No vuelva a permitir que el libre tránsito y la seguridad a la que todo ciudadano tiene derecho se interrumpa mientras usted está a cargo.


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