Institucionalidad en vilo

Con la aprobación de una nueva iniciativa de vacancia por permanente incapacidad moral contra el presidente Martín Vizcarra, esta vez basada en el testimonio de aspirantes a colaboradores eficaces que afirman que el mandatario recibió sobornos cuando fue gobernador regional de Moquegua, se inicia un nuevo proceso parlamentario que pondrá en vilo a nuestra democracia, siguiendo el libreto de los grupos extremistas empeñados en destruirla.

Y junto a los antisistema, una serie de congresistas que no terminan de entender el significado jurídico de la institucionalidad de la presidencia de la República y la alternancia en el cargo: que todos los jefes de Estado elegidos por el pueblo –aunque Vizcarra lo haya sido como vicepresidente– deben terminar su mandato y entregarlo al siguiente presidente electo. Las acusaciones e investigaciones que puedan pender sobre sus cabezas durante el ejercicio presidencial deberán continuar y profundizarse una vez concluido su período, ya como ciudadanos comunes y corrientes.

Es inaceptable que se pretenda, una y otra vez, vacar al presidente en funciones. Con el país encaminado hacia los comicios de abril próximo, ello supondría que el caos y el desgobierno se impongan a la Constitución y el juego democrático.

Desde luego, es la horda antaurista la que ha venido promoviendo la vacancia desde su llegada al Congreso, con un apiñado furgón de cola en el que se apretujan parlamentarios fusiladores, izquierdistas antimineros, fujimoristas en busca del protagonismo perdido, representantes de las universidades bamba, damas de procacidad altisonante y similares.

No obstante, es difícil explicarse cómo es que también han puesto la firma miembros de la bancada de un partido antaño ejemplar en su respeto por la democracia, que hoy prefieren alinearse detrás del delincuente encerrado en Ancón II. ¿Será pura flojera la razón, asimismo, por la que el presidente acciopopulista del Congreso continúa fondeando, desde hace casi un mes, las denuncias contra Edgar Alarcón? Porque si hay una presidencia que vacar de inmediato, es la de la Comisión de Fiscalización.