(In)seguridad ciudadana

Vida, libertad y propiedad son tres derechos fundamentales para el desarrollo civil, político y económico de las personas. Estos derechos, si bien se encuentran garantizados en la Constitución, deben estar garantizados también en la realidad cotidiana, en los hechos del día a día.

No hay proyecto de vida, economía posible o país con futuro si un bodeguero tiene que pagar un cupo para que no lo maten, si un vendedor ambulante tiene que pagar “un derecho” porque la esquina en la que vende le pertenece a una mafia o si un mototaxista tiene que pegar “el” sticker que lo identifica como autorizado para operar en el distrito.

Así las cosas, ante el estado de orfandad en que estamos los trabajadores, empresarios y emprendedores, propongo cuatro pilares de lucha contra la inseguridad ciudadana.

El primer pilar es el normativo, que provea el marco legal para que nuestra Policía actúe diligentemente en la investigación criminal; que ampare el uso de la fuerza cuando esta es requerida y que incorpore figuras delictivas “nuevas”, como es el uso de armas de guerra, explosivos y atentados contra la infraestructura pública y privada para cometer robos y asaltos, lo que se ha venido a conocer como “terrorismo urbano”.

El segundo es el tecnológico, que provea herramientas para esta lucha como el uso de drones de vigilancia e interdicción, dotados con cámaras y sistemas de reconocimiento con inteligencia artificial, interconectados, alimentando de información en tiempo real a un Centro de Comando, Control, Computo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5). Estas son herramientas que ya se utilizan en varias ciudades del mundo.

El tercer pilar es la capacidad operativa. Se calcula que Lima requiere 2,000 patrulleros más, pues en ciudades densamente pobladas la métrica es de un patrullero cada 50 cuadras. A nivel nacional y dadas las características geográficas de nuestro país, ese déficit está en el orden de 8,000 patrulleros más (se deben incorporar modalidades de adquisición, como el leasing, que garanticen su condición operativa). De igual modo, más efectivos policiales abocados a la seguridad ciudadana son necesarios. Hoy se calcula que únicamente uno de cada tres efectivos está destinado a esta labor. Ello demandará una reingeniería en la asignación del personal.

El cuarto pilar es la infraestructura física. Se tienen que intervenir las comisarías y unidades operativas mejorando su dotación tecnológica e interconectándolas. Los nuevos servicios satelitales de conexión a Internet facilitan y abaratan esto enormemente. Finalmente, y en ese mismo sentido, debemos iniciar urgentemente la construcción de dos penales con capacidad de 3,000 internos cada uno, en zonas sobre los 4,000 m.s.n.m. y sin señal celular.

La lucha contra el crimen y la inseguridad ciudadana debe ser la primera prioridad de una nueva administración, pues el éxito del programa económico dependerá en gran medida en que recuperemos el país para los peruanos de bien.