Legisladores opinaron tras declaraciones de la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán, quien reconoció aporte de dinero de empresas brasileñas. (Foto: GEC)
Legisladores opinaron tras declaraciones de la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán, quien reconoció aporte de dinero de empresas brasileñas. (Foto: GEC)

Para quienes lo dudaban, el proyecto de modificación de la inmunidad parlamentaria, enviado por el Ejecutivo al Congreso de la República, donde recibió las atenciones de la Comisión de Constitución, no tardó mucho en completar su destino manifiesto: el tacho de basura.

Se disculpará la ausencia de diplomacia al describir así el expeditivo archivamiento de una propuesta presidencial que no hacía sino recoger el sentir ciudadano antes expresado en el referéndum, pero ya no hay eufemismo que valga en la escritura de este enésimo capítulo de la novela “Otorongo no come otorongo”. Y como precedente, todo indica que la suerte del hoy refundido proyecto de reforma política, en manos del aprofujimorismo, no será otra.

Lo que la comisión presidida por Rosa Bartra no entiende –o no le importa– es la deplorable imagen que la mayoría parlamentaria está dejando del Poder Legislativo, como si de lo que se tratara, en últimas, es de desprestigiar a la democracia peruana, ya que tanto apego jamás le han tenido. No son solo los legisladores de Fuerza Popular, el Apra o los partidos que se sumaron alegremente a ellos en la votación para archivar el proyecto los que pierden con estas maniobras: es el conjunto del sistema político lo que se está dañando.

Con la cantidad de denuncias en contra de los integrantes de este Congreso, la propuesta distaba de eliminar la inmunidad de los representantes electos por el voto popular, sino de permitir –en casos flagrantes o extremos, como ha dicho el presidente Martín Vizcarra– que esta sea levantada hasta que se esclarezcan las acusaciones, al contrario de lo que ocurre ahora, que se bloquea el desarrollo de procesos de investigación cuando estos llegan a los fueros de algún congresista.

Ello, para no hablar de denuncias directas que ni siquiera pueden verificarse o de encubrimientos públicos y notorios que la jerga congresal conoce como “blindajes”, modalidad cuasidelictiva en la que esta mayoría ha demostrado ser, más bien, avezada.