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Si no fuera una auténtica vergüenza para el país, lo de Edgar Alarcón podría entrar tranquilamente en el terreno de lo real maravilloso: un parlamentario con tres denuncias constitucionales a cuestas –dos de ellas ya declaradas procedentes en la Comisión Permanente– y cinco procesos abiertos por presuntos delitos de peculado, que ejerce, muy campante, la presidencia de la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República.
Es decir, un investigado por diversos temas de corrupción entronizado como gran fiscalizador del Poder Legislativo.
Queda claro, por supuesto, que si una situación tan absurda, peligrosísima para nuestra democracia –como lo demostró su decisiva influencia en el proceso de vacancia de Martín Vizcarra– existe, es porque sus colegas en el hemiciclo la toleran deliberadamente.
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El representante del antaurismo antisistema parece gozar, en efecto, de una suerte de liderazgo y tal aura de credibilidad entre sus colegas que hasta bancadas como la de Acción Popular suelen votar por sus iniciativas, y obviamente no nos referimos solo a Manuel Merino, que, a su momento, en calidad de presidente del Congreso, se encargó de fondear las denuncias en su contra, quien sabe si a cambio de que este personaje apoyara sus aspiraciones presidenciales.
Las razones por las que el Ministerio Público lo investiga no son de poca monta, todas ellas relacionadas al período en que se desempeñó como Contralor General de la República: enriquecimiento ilícito y desbalance patrimonial, pagos irregulares por servicios jamás prestados, coimas presuntamente cobradas al alcalde de una provincia tacneña para evitar que lo investiguen, o denuncias vinculadas a los negocios de organizaciones criminales como Los Temerarios del Crimen, se acumulan una tras otra, sin que nadie logre moverlo de la Comisión de Fiscalización.
Que Alarcón continúe en su cargo, señores otorongos, los convierte en cómplices de los oscuros planes que, contra la democracia peruana, se pergeñan desde el Penal de Ancón. Y si no reaccionan ahora, más temprano que tarde deberán responder por una pasividad que ya comienza a levantar sospechas.
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