Si es inconstitucional, ¿por qué la consulta?

La restricción de derechos no puede ser sometida a consulta, menos si lo que se pretende consultar es abiertamente inconstitucional, como lo es prohibir la reunión de personas en una plaza pública. Por eso resulta una aberración jurídica que a algún funcionario de la Municipalidad de Lima se le haya ocurrido que tiene sentido someter a una suerte de referéndum misio (a través de una mesa de partes) prohibir las reuniones y protestas en la plaza San Martín, como si un municipio tuviese competencias más amplias en materia de derechos que el mismo Tribunal Constitucional.

Los funcionarios responsables de este resbalón sustentan su decisión en una ordenanza de 2003 que determinó que esa área del Centro debía ser “zona rígida”, pero olvidan que solo dos años después, en 2005, el TC declaró que la medida era inconstitucional. El asunto ya está zanjado.

El patrimonio histórico, tan dejado a su suerte durante décadas, debe protegerse incansablemente, pero es posible hacerlo sin anular en el camino otros derechos que, además, han demostrado ser gravitantes en los momentos más difíciles del país. El mismo TC señala que no se puede prohibir el derecho de reunión en el espacio público del Centro de Lima sin motivación razonable, objetiva y caso por caso. Es así de sencillo. De ahí que el alcalde Muñoz, quien ha traído otros brillos al municipio capitalino luego de la triste gestión precedente, debe asegurar que el Centro siga siendo el espacio de acción ciudadana y política por excelencia.

Más allá del miedo a la protesta que las autoridades en el Perú suelen tener, también deben recordar que promover y proteger el derecho de los ciudadanos a organizarse y manifestarse es una de sus principales funciones. Sobre todo, cuando es gracias a ese derecho que el Perú sigue en pie.