Pena de muerte

Ante la escalada de la violencia de género en nuestro país, se ha retomado el debate respecto a la pertinencia de la pena de muerte para violadores y feminicidas. Si bien la indignación y un análisis superficial nos harían pensar que eso es lo justo, meditándolo más desde lo propio en un Estado de derecho e incluso desde el feminismo, la clara conclusión es que no debe aplicarse.

Además de los contundentes argumentos legales –especialmente relacionados a compromisos internacionales asumidos en materia de derechos humanos– que lo hacen inviable, existen otras consideraciones importantes. Aplicar la pena de muerte en estos casos desvía la atención de los problemas estructurales de nuestra sociedad que desencadenan la violencia contra las mujeres. Se transmite la idea de que los violadores y feminicidas son las manzanas podridas del árbol y que con eliminarlos vamos a vivir más seguras. Y la evidencia es amplia en cuanto a que si no se ataca el machismo, los agresores seguirán surgiendo sin importar la pena que se imponga. No obstante ello, estos delincuentes merecen la pena más alta que nuestro ordenamiento legal permita.