La resolución que anula el juicio oral en el caso Cocteles debería generar una reacción en las instituciones que cobijan a los dos principales responsables del proceso.
Se trata de dos magistrados que han protagonizado un espectáculo que le ha costado mucho dinero al Estado, además de tiempo, recursos humanos y en el camino decisiones injustas y arbitrarias, como fue la inclusión del empresario Ricardo Briceño en el juicio.
Nos referimos al fiscal José Domingo Pérez y al juez Víctor Zúñiga. Al primero, el Ministerio Público lo mantiene al frente de ese caso cuando es evidente que, pese a los años transcurridos, no ha podido presentar un expediente sólido, con pruebas irrefutables para pasar a la siguiente etapa y se ha conducido con evidente sesgo ideológico y hasta político.
Respecto de la situación de Zúñiga, sorprende, como lo ha revelado Perú21 ayer, que haya renunciado y que las autoridades del Poder Judicial –lejos de aprovechar su dimisión para renovar el juzgado de investigación preparatoria– le rechazara la carta con la excusa de la carga procesal. Algo que carece de lógica porque si su trabajo ha sido corregido tanto por el Tribunal Constitucional como por dos instancias judiciales, es evidente que el jurisconsulto tiene muy poco que aportar a la eficiencia del sistema.
Más aún si en el caso Cocteles le devolvió 19 veces la acusación a la Fiscalía —convirtiéndose en cómplice de la ineficiencia de Pérez— y tuvo luego la osadía de pasar el caso a juicio oral, pese a que subsistían las inconsistencias.
Lo peor es que será este mismo juez quien tendrá que revisar de nuevo la próxima acusación que, por vigésima vez, presentará el señor Pérez. Un contrasentido en toda regla. Un absurdo. Un abuso, porque estamos hablando de un rotundo revés.
El sentido común nos dice que un fiscal que ha fracasado en tanto no debería volver a tocar el caso. Todos recordamos que en no pocos momentos de este largo y complejo proceso judicial Pérez hizo evidente una desmedida búsqueda de protagonismo mediático, pese a no haber logrado estructurar una acusación formal válida. Es obvio que ha querido descansar sus incontables falencias jurídicas en la fama ganada por tanta aparición.
Autoridades judiciales superiores a Pérez han considerado que vulneró el derecho a la debida defensa de los procesados ocasionándoles un inaceptable estado de indefensión. El auto de enjuiciamiento presentaba vicios tan insalvables que hacían insostenible la continuidad del proceso. Con ello la acusación deberá ser saneada para que pueda volver a juicio oral.
¿Deben Pérez y Zúñiga permanecer en sus cargos como si no hubiera pasado nada?