La inclusión financiera es uno de los grandes desafíos que enfrenta el Perú para lograr un desarrollo empresarial más justo y competitivo. Aunque en la última década se ha avanzado en ampliar el acceso a servicios financieros, persisten brechas que afectan especialmente a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), que representan más del 99% de las unidades productivas del país.
Según datos del INEI, solo el 45% de la población adulta peruana accede a servicios financieros formales, y en el caso de las zonas rurales, esta cifra desciende a menos del 30%. Esta situación limita la capacidad de emprendedores y pequeños empresarios para invertir, crecer o acceder a créditos con condiciones adecuadas. A ello se suma la escasa educación financiera y la desconfianza en el sistema bancario, lo que genera dependencia del crédito informal y pone en riesgo la sostenibilidad de muchos negocios.
En términos empresariales, el 70% de las mipymes en el Perú carece de historial crediticio, lo que las excluye del sistema financiero tradicional. Esta realidad no solo frena su desarrollo, sino que también impide la formalización, la generación de empleo de calidad y el fortalecimiento del tejido empresarial. Además, la concentración de servicios en zonas urbanas y la poca personalización de los productos financieros siguen siendo obstáculos para una verdadera inclusión.
La digitalización ha abierto nuevas oportunidades para cerrar estas brechas. Las fintech han comenzado a ofrecer soluciones más accesibles, rápidas y adaptadas a las necesidades de sectores tradicionalmente excluidos. Sin embargo, su impacto aún es limitado, y se requiere una articulación entre innovación tecnológica, educación financiera y políticas públicas inclusivas.
Iniciativas como las desarrolladas por CAENE Educación Ejecutiva han promovido programas de alfabetización financiera y estrategias para mejorar la bancarización de emprendedores jóvenes y regionales. Estas acciones han contribuido a que más peruanos puedan acceder a herramientas financieras formales, generando mayor estabilidad para sus negocios y proyectos.
El Estado también tiene un rol central. Se necesita una política nacional de inclusión financiera que promueva productos diseñados para la realidad de las mipymes, impulse el uso de plataformas digitales seguras y fortalezca la educación financiera desde la escuela hasta el entorno empresarial.
La inclusión financiera no es solo una meta económica; es una herramienta de justicia y equidad. Un país más bancarizado es un país con mayor capacidad de emprender, competir y crecer. Apostar por la inclusión financiera es apostar por una economía más democrática, resiliente y orientada al desarrollo con oportunidades para todos.
