El exministro peruano Diego García Sayán preside la Corte-IDH. (Difusión)
El exministro peruano Diego García Sayán preside la Corte-IDH. (Difusión)

Si miramos atrás, veremos que en estos 19 meses de gobierno lo único constante y con cierto éxito ha sido la búsqueda de quebrar, fragmentar al fujimorismo. El acercamiento interesado a Kenji Fujimori, el indulto, la división de la bancada no se deben solamente a errores de Fuerza Popular, que no son pocos. Pesa bastante la actividad sistemática del Ejecutivo para bajarles el moño a los naranjas. El asunto se ha seguido con celo, con apoyo mediático, hasta conseguir una victoria pírrica, sin que pueda reverdecer el gobierno ppkausa.

Este tipo de metas corresponde más a un momento electoral (bloquear el ingreso del fujimorismo al poder), pero lo hecho, hecho está. Son magros los beneficios para el régimen porque dicha estrategia tiene como ancla el indulto a Alberto Fujimori y el tema lo verá la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), organismo supranacional cuestionado en varios países de América Latina.

Actualmente, el Perú vive un dilema. La Corte IDH emitió su fallo sobre la acusación que hizo el Congreso a cuatro magistrados del Tribunal Constitucional (TC) porque estos violaron la cosa juzgada en el caso El Frontón, dictaminando que se archive dicha acusación. Ello ha generando un intenso y profundo debate sobre las competencias del Parlamento nacional, cuyos miembros fueron elegidos por el pueblo, voto a voto.

Escuchamos voces que insisten en que los fallos de la Corte IDH se cumplen sin dudas ni murmuraciones. Otros recusan la injerencia de este organismo citando el caso de Colombia y otros países que no tomaron en cuenta sus sentencias. Sin entrar a una polémica jurídica, la pregunta cae de madura: ¿dos jueces de cuatro que votan a favor del archivamiento en la Corte IDH pueden ir contra la voluntad de casi 16 millones de peruanos que eligieron a sus representantes libremente?

La Corte IDH soslaya que un cuestionado fallo del TC reabrió el caso El Frontón por delitos de lesa humanidad, cosa negada anteriormente. Y tal vez esos dos magistrados no sepan que los abobados senderistas intervienen y argumentan en el juicio en la misma banca y posición que un organismo que se dice defensor de los DD.HH.

El Ministerio de Justicia se mantiene en platea viendo qué responde la Corte IDH al pedido de aclaración que le enviará el Congreso peruano. Su juego es otro, versa más bien en lo que ocurrirá con el cuestionado indulto a Fujimori, que igualmente será objeto de pronunciamiento por parte de la Corte IDH.

Si prima el criterio de que los fallos de este organismo son inapelables, el indulto tendrá que ser revocado. El pacto del gobierno con el sector kenjista, basado en la gracia presidencial otorgada a Alberto Fujimori, se desplomará y terminará resultando oneroso e inútil. Un tiro por la culata.