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El horroroso caso de 43 estudiantes asesinados en Iguala a manos de una combinación de representación estatal y poderes ilegales ha despertado una necesaria indignación. Sin embargo, al difundir el tema en la prensa peruana se corre el riesgo de la fácil y sesgada comparación. El resultado va desde la desinformación hasta la falta de respeto.

La mayoría de columnas utiliza el caso para llamar la atención sobre el avance de la ilegalidad en la política y sobre las violaciones a los derechos humanos que cometen las democracias (incluyendo la criminalización de la protesta). Se trae a colación a Beto Torres y Katiuska, y al caso La Cantuta, respectivamente. "México es el hermano mayor de Perú", se dice, sacando pecho por el cliché.

Las comparaciones son sintomáticas por lo que dicen, pero también por lo que callan. Las críticas se focalizan –con justa razón– en Peña Nieto, pero se obvia que el ex alcalde responsable del asesinato masivo pertenecía a las filas del 'progresista' PRD y que el estado de Guerrero, intersección de pobreza y narco, es dominado políticamente por esta fuerza izquierdista desde hace una década. Los mismos que quisieron democratizar México de las garras del PRI repiten sus prácticas autoritarias. Donde gobierna el narco no hay izquierdas ni derechas.

En Perú, "reforma política ya" piden a gritos ansiosos reformólogos para "no convertirnos en México", pero se obvia, como bien ha señalado Jorge Nieto, que todo lo que queremos aplicar para limpiar la política lo tienen los mexicanos: financiamiento público a partidos, monopolio partidario de todas las candidaturas, eliminación de voto preferencial, voto voluntario, prohibición de reelecciones en todas las autoridades ejecutivas. ¿Otra reforma 'exitosa'?