notitle
notitle

arielsegal@hotmail.com

La 'desaparición' de 43 estudiantes en Iguala, en el estado de Guerrero de México, es una de las miles de masacres llevadas a cabo por sicarios de cárteles de la droga. Se ha desbordado mediáticamente gracias al activismo de sus padres y la magnitud numérica de la aparente matanza, en la cual estaban involucrados el alcalde de la ciudad y su esposa. Son miles las víctimas del crimen generado por las bandas armadas de los narcotraficantes mexicanos en su lucha por conquistar zonas de influencia para el tráfico de droga y, con ese objetivo, ganarse con sobornos o amenazas la complicidad de funcionarios que deberían estar al servicio de los que viven acechados por la violencia.

De igual manera, los sucesos violentos ocurridos en Ferguson, estado de Missouri, que se extendieron a otras ciudades de EE.UU. por la decisión de un jurado de exonerar al policía de raza blanca Darren Wilson de haber matado por motivos raciales al afroamericano Michael Brown, también muestran que, pese a los grandes progresos políticos de ese país desde que el presidente Lyndon Johnson concedió los derechos civiles a la minoría negra, en 1965, no se ha remediado la profunda brecha que dejaron siglos de esclavitud y discriminación racial.

La percepción de que aún persiste racismo, sobre todo en la "América profunda" de los estados del centro de EE.UU., se refleja en los siguientes datos: en Ferguson, ciudad con 67% de población afroamericana, por cada 50 policías blancos hay 3 de color; y a nivel nacional, en un país en donde los afroamericanos son poco más del 12% de la población, más del 20% de presos son de esa minoría.

Iguala y Ferguson reflejan una profunda crisis social de dos países vecinos.