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Redacción PERÚ21

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Juan José Garrido,La opinión del directordirector@peru21.com

Empero, lo cierto es que la ley y los precedentes apuntan a la eventual vacancia, tal como sucedió con el alcalde de Tumán. La ley no discrimina a quién vive a cientos de kilómetros de la Plaza Mayor de quien trabaja en ella. Es, en cierta forma, una mayúscula discriminación que a la Sra. Villarán, por tener el privilegio de conducir los destinos de nuestra ciudad, no se le mida con la misma vara que al alcalde de Tumán.

La denuncia es muy sencilla: una ley prohíbe que la Sra. Villarán, en tanto alcaldesa de Lima, contrate con entidades que dependen de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML). La alcaldesa, al recibir un préstamo de la Caja Metropolitana, que depende de la MML, estaría incurriendo en una falta; esto es, cometiendo un acto que –sin discutir los planos éticos– se contradice con su función, suponiendo al menos un conflicto de interés.

¿Qué debió hacer la alcaldesa? Explicar, detalladamente, cómo así el convenio que suscribe con la Caja no representa un desafío a las leyes peruanas. Esta explicación debe ser jurídica, no retórica ni elucubraciones de género. Las declaraciones de la Sra. Susel Paredes (de la MML) respecto a que la Sra. Villarán garantiza "el retorno de su dinero porque sus descuentos son por planilla, y porque las mujeres son mejores pagadoras que los varones", son penosas, además de sexistas.

La Sra. Villarán ha construido una imagen que bien se podría definir: transparente en sus actos, pero ineficaz en su gestión. Sería muy bueno, por ello, que aclare este espinoso tema, no vaya a destruir lo poco positivo que quedaba de su gestión.