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Santiago Pedraglio,Opina.21spedraglio@peru21.com

Esto dio lugar a la reciente visita de una delegación encabezada por Wilder Tayler, vicepresidente del Subcomité para la Prevención de la Tortura. Luego de inspeccionar penales, comisarías y hospitales de cinco ciudades, Tayler sostuvo que, aunque el informe es confidencial, "si me piden prioridades, digo que urge implementar el mecanismo nacional de prevención contra la tortura" (La República, 19.9.13).

La congresista Marisol Pérez Tello (PPC) presentó en octubre del 2012 un proyecto de ley para crear este mecanismo y propuso que la Defensoría del Pueblo se encargue de su administración. Cabe anotar que esa oficina había recibido, de 1998 al año del proyecto, 721 denuncias de tortura y tratos crueles. Y es muy probable que el número fuese mayor: Muchos no la denuncian por temor a represalias.

La tortura es un delito y su práctica parece estar tan extendida que no hay que buscar casos en lugares alejados de la capital del país, donde se supone que hay un mayor control. La muerte de Gerson Falla fue provocada, según la jueza Janet Lastra, por "nueve agentes de la comisaría de San Borja (que) torturaron y con ello causaron el fallecimiento del joven vigilante (…), en el interior de esa sede policial" (El Comercio, 22.5.13). Similar es el caso de Andrés López, detenido por la policía de Barranco en julio del 2012. Los presuntos responsables de su muerte están siendo investigados y el Ministerio del Interior dispuso, en su momento, el relevo del personal de esa comisaría.

Con ejemplos tan dramáticos puede resultar agobiante pensar en cuánto hay que cambiar para confiar en la policía como garante de la seguridad. Mientras tanto, sin embargo, el mecanismo de prevención de la tortura propuesto por Naciones Unidas puede salvar vidas. Así es de sencillo. Por eso, urge ponerlo en marcha.