Edwin Donayre está en un momento complicado. (GEC)
Edwin Donayre está en un momento complicado. (GEC)

La reciente historia del sentenciado congresista Donayre es un buen ejemplo del abuso de la inmunidad parlamentaria. No solo se trata del blindaje descarado del que se ha beneficiado, sino que la inmunidad de la que se ha colgado para librar el cumplimiento de su sentencia nunca fue pensada para proteger a congresistas de ser arrestados por delitos previos a asumir el cargo o no relacionados con su trabajo actual como legisladores. ¿Qué relación hay entre el robo de gasolina de hace una década con la función legislativa que ejerce actualmente?

Siquiera intentar deslizar que lo que hay detrás de esa sentencia es persecución política sería bastante ridículo. Así que, de acuerdo con el reglamento del Congreso, ese levantamiento tendría que haberse activado automáticamente.

Sigo creyendo que el blindaje sistemático que se le ha dado a Donayre reúne varias de las razones que consolidan a este Congreso como el menos empático con el sentir de la población en décadas. Ese levantamiento de inmunidad debió haber ocurrido hace casi medio año, pero sus aliados políticos, en esencia el fujimorismo, que ha tenido todo este tiempo mayoría en la Comisión de Levantamiento de Inmunidad, la han hecho larguísima con leguleyadas.

Fuerza Popular no quería perder un voto y prefirió blindar a Donayre, quien, aunque entró al Congreso con APP de Acuña, en la práctica ha votado y actuado como fujimorista. Con la decisión de la Corte Suprema hecha pública ayer, ya no habrá ninguna excusa para seguir blindándolo. Su suerte está echada y ningún amigo de curul podrá salvarlo, pero la forma en que fue blindado, a pesar de tener una sentencia firme sobre las espaldas por un delito común, no debe borrase tan fácilmente.

Ese ha sido uno de los hitos del suicido moral de este Congreso.

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