"El hallazgo ya está en investigación porque de confirmarse que Fray iba en ese vuelo, siendo ya un prófugo de la justicia (...) claramente confirmaría la tesis de obstrucción a la justicia y, peor aún, de encubrimiento". (Foto: Presidencia de la República)
"El hallazgo ya está en investigación porque de confirmarse que Fray iba en ese vuelo, siendo ya un prófugo de la justicia (...) claramente confirmaría la tesis de obstrucción a la justicia y, peor aún, de encubrimiento". (Foto: Presidencia de la República)

El destape sobre el mal uso de las aeronaves del Estado para beneficio personal del presidente de la República puede sumarle un nuevo caso al rosario de investigaciones que ya tiene . Se advierten dos situaciones sobre la base de lo que ha publicado el Centro Liber, de Ipys, y una más grave que la otra.

Primero, el nombre de un pasajero identificado como “Lay Vásquez Castillo” con un número de DNI que no figura en Reniec en uno de los vuelos de Lima a Chiclayo y que harían presumir que podría tratarse del prófugo sobrinísimo . Las sospechas son, evidentemente, razonables.

El hallazgo ya está en investigación porque de confirmarse que Fray iba en ese vuelo, siendo ya un prófugo de la justicia, junto al propio jefe de Estado y otros familiares, claramente confirmaría la tesis de obstrucción a la justicia y, peor aún, de encubrimiento. Y aún si no hubiese sido el sobrino, el hecho de haber usado, tres días después de ese traslado, otro vuelo llenando el avión con parientes en una jornada en la que no tenía agenda oficial, constituye lo que los abogados llaman un “peculado de uso”.

Su exministro de Defensa, José Gavidia, tiene una investigación fiscal abierta por hacer exactamente lo mismo.

La indagación in situ dispuesta por el Ministerio Público –en el marco del caso en el que está comprendido Fray Vásquez– para develar la identidad real del misterioso pasajero se justifica no solo por las pistas y el nombre registrados en la base de la FAP para estos desplazamientos presuntamente “oficiales”, sino también por los nefastos antecedentes de Castillo respecto a las libertades que se toma con los recursos del Estado. Recordemos la construcción de un helipuerto informal y hasta de una carretera en las inmediaciones de su casa en Anguía, Cajamarca.

Hacerle el avión a la justicia, como suele decirse en criollo, configura, sin embargo, un delito mayor que el mal uso de estos recursos. No debería sorprender a nadie entonces que la Fiscalía de la Nación le abra otro expediente, el séptimo, al presidente. Hacerse la víctima de un complot urdido por los medios independientes y el Poder Judicial es un cuento que, como demuestran las últimas encuestas, ya nadie le cree.