El tema del exmercado La Parada sacó chispas el último martes en la sesión del concejo de Lima. Ese día, los regidores de Fuerza Social intentaron ocultar un informe que no solo demuestra que la comuna cometió "una grave negligencia y absoluta falta de previsión", sino que, además, revela presuntos actos de corrupción.

El documento presentado por la bancada del Partido Popular Cristiano (PPC), al que Perú21 tuvo acceso, refiere que la barbarie desatada los días 25 y 27 de octubre de 2012 –que dejó cuatro muertos– reflejó la "impericia administrativa municipal".

"(La municipalidad) de haber preservado el diálogo y de haber sido más flexibles como seres humanos, pero sobre todo como autoridades, pudo haber tenido un desenlace con un menor costo social", detalla una de las conclusiones.

La investigación enumera una serie de irregularidades cometidas antes, durante y después de dichos operativos, y, además, responsabiliza de estos hechos a Ricardo Fort y Ricardo Giesecke, exgerentes de la Empresa Municipal de Mercados (Emmsa).

IMPROVISACIÓNSegún el PPC, un factor que desencadenó la violencia fue que el municipio prometió una serie de condiciones que al final no cumplió.

En el 2011, por ejemplo, voceros ediles aseguraron que la mudanza se produciría una vez que se concluyera la construcción de seis nuevos pabellones en el Gran Mercado Mayorista de Lima (GMML), en Santa Anita.

Sin embargo, estas mejoras nunca se hicieron, por lo que "Emmsa incumplió sus propias condiciones (…) y el proceso de traslado voluntario falló".

Menciona que durante la gestión de Fort se cometieron "graves errores y negligencias injustificables de comunicación", pues hubo hasta cinco cambios de fecha de traslado.

Ricardo Giesecke, del mismo modo, tampoco logró consensuar las reglas de operación, "lo cual materializó un rechazo unitario al traslado".

"Si bien el plan impulsado por Giesecke podría constituir una visión moderna (uso de jabas, compras solo por tarjetas de crédito, mecanización de estiba y desestiba, creación de microempresas, entre otras), esto no se comunicó con claridad", indica.

Es más, el informe precisa que la comuna incumplió, incluso, con las recomendaciones que figuran en la consultoría realizada por la Universidad Católica del Perú, la misma que fue contratada por Emmsa.

Respecto al operativo, establece responsabilidades en altos mandos policiales, "ya sea por errores preparatorios o de inteligencia".

PRESUNTA CORRUPCIÓNSin embargo, los errores municipales se "agravaron" después de la mudanza. El informe refiere, en primer lugar, que Emmsa no previó ningún control en el ingreso a Santa Anita, lo cual provocó que se dejara afuera a muchos mayoristas adjudicados en La Parada.

Sin embargo, lo más grave se dio con los presuntos actos de corrupción que habrían buscado favorecer al Consorcio Virgen de la Puerta, en la construcción de los nuevos pabellones en Santa Anita; y en el caso Relima, empresa que pretende cobrarle a Lima S/.3.7 millones por brindar un servicio que nunca estuvo sustentado en un contrato (ver recuadro).

Al respecto, el regidor Alberto Valenzuela manifestó que "existen indicios de corrupción en la municipalidad que deben ser investigados y aclarados por el Ministerio Público y la Contraloría General de la República".

"Indudablemente Giesecke es el funcionario que está más implicado en estos actos. Este señor ya tiene antecedentes que vienen desde el papel que tuvo en el caso (de la minera) Conga y en La Parada", indicó en conversación con Perú21.

Denunció que, por razones políticas, el concejo metropolitano blinda tanto a Giesecke como a otros funcionarios.

"Giesecke es fundador de la agrupación 'Ciudadanos por el Cambio'. Por ello hay presión, por parte de los socios de Villarán, Marco Arana y Salomón Lerner, para frustrar cualquier tipo de investigación", afirmó.

No obstante, adelantó que este martes su partido presentará en el concejo metropolitano una moción para que se cree una comisión investigadora de los casos Relima y Virgen de la Puerta.

CRONOLOGÍA

- Jueves 25 de octubre de 2012. A las 2:00 de la tarde comienza el operativo policial para colocar bloques de cemento en los alrededores de La Parada. Esto generó violentos disturbios. El saldo fue de dos muertos y 108 heridos.

- Viernes 25 de octubre de 2012. La alcaldesa Susana Villarán, desde el extranjero, declara que había salido de Lima "por un impostergable asunto familiar que había dejado de lado por bastante tiempo". Promete volver esa misma noche.

- Sábado 27 de octubre de 2012. La Policía, con 4 mil agentes, efectúa un nuevo operativo en La Parada. Mueren dos personas. No obstante, la intervención fue considerada exitosa, pues se logró instalar los bloques de concreto para cerrar el acceso.

- Domingo 28 de octubre de 2012. Con el ingreso de camiones desde las primeras horas del día se dio inicio al funcionamiento del mercado de Santa Anita.

- Martes 2 de abril de 2013. El juez Malzon Urbina ordena el retiro de los bloques en La Parada.

- Miércoles 22 de mayo de 2013. La Cuarta Sala Penal Superior revoca la sentencia de Urbina.