Golpe a golpe, verso a verso

“Amenazar y chantajear a las instituciones no es democrático”, escribió el ex presidente Alan García ayer en su cuenta de Twitter. Desde Madrid, el líder aprista respondía así a la decisión del Gobierno del presidente Vizcarra de no dialogar con Fuerza Popular hasta que esta agrupación no demuestre, en los hechos, un sincero cambio de actitud, empezando por darles trámite en el Congreso a las denuncias contra el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, planteadas por dos congresistas y por la Procuraduría Anticorrupción.

“Matones más feroces hemos visto el 68 y el 92. Y terminaron muy mal”, concluyó García, aludiendo nuevamente al “golpe de Estado” del que tanto él como sus seguidores en Lima vienen hablando hace una semana.

La decisión del juez Concepción de mandar preventivamente a la cárcel a Keiko Fujimori, desató todo tipo de rumores, insinuaciones sinuosas, injurias políticas, pero lo peor son las alusiones a que en el país se gesta un golpe de Estado.

Voceros oficiosos del Apra y el fujimorismo han repetido la cantaleta a través de sus redes sociales, pero la cosa pasó a mayores cuando el ex presidente aprista lo hizo, desde España, siempre en su cuenta de Twitter.
Los argumentos esgrimidos por Alan García no alcanzan ni para leer entre líneas la posibilidad de un rompimiento constitucional. El país entero sabe que el gobierno no ha metido presa a la líder de la oposición, como sostuvo García en uno de sus mensajes digitales. La opinión pública sabe que Keiko Fujimori está en prisión porque un juez lo ordenó, y recuerda que ese mismo juez ordenó lo mismo contra Nadine Heredia y Ollanta Humala: la pareja nacionalista y la lideresa de Fuerza Popular están involucradas en el caso Lava Jato.

De igual manera, el país sabe que la Fiscalía contra el Crimen Organizado considera que Pedro Chávarry integra la banda de Los Cuellos Blancos. Los peruanos lo escuchamos hablar por teléfono con el cabecilla de esa organización, César Hinostroza, y sabemos que este movió su tinglado para atornillarlo a la cabeza de la Fiscalía.

De tal manera que, cuando el presidente Vizcarra le pide a Chávarry que dé un paso al costado o el primer ministro le dice a Fuerza Popular que dé trámite a las denuncias contra él en el Congreso, no están interfiriendo en otro poder del Estado, están interpretando el sentimiento del 74% de los ciudadanos.

No es cierto, pues, que se esté cocinando un golpe de Estado. Alan García estaba en el poder cuando la Corte Suprema condenó a Alberto Fujimori. Él no pudo impedirlo. Ahora mismo, el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, intentó, pero no pudo impedir que el equipo especial de la Fiscalía que investiga los sobornos de Odebrecht y sus consorciadas, solicite una medida preventiva contra Keiko Fujimori.

En hora buena, y venciendo presiones y dificultades, jueces y fiscales hacen su trabajo en el Perú de estos días. Pero hay que tener mucho cuidado, en el caso Lava Jato hay demasiados políticos jugándose el cuello. Necesitan un fiscal de la Nación que les deba el cargo, necesitan incluso un golpe de Estado para convertir sus problemas penales en persecución política. Gritando golpe, golpe, ¿acaso no lo están invocando?

Los sobornos pagados por Odebrecht en el caso de la Línea 1 del Metro de Lima, están pendientes de investigación en el despacho del fiscal José Domingo Pérez. En el periodo 2006-2011 (segundo gobierno de Alan García) hay 14 millones de dólares entregados por las constructoras brasileras como sobornos que todavía no se sabe a qué manos fueron a parar.