Golpe bajo al equipo especial

Un grupo de fiscales está tocando la entraña de la corrupción y con coraje se ha plantado ante quienes se consideraban poderosos e intocables. Su actitud les ha valido una serie de ataques con el propósito de menoscabar su imagen.

Sin embargo, lo ocurrido ayer en la Comisión de Defensa del Congreso es intolerable y pone en evidencia la clara intención de desactivar al equipo especial de la Fiscalía que investiga el megacaso de Odebrecht y la corrupción en los últimos gobiernos y partidos políticos.

Usando como pretexto los términos que el fiscal José Domingo Pérez empleó respecto al terrorismo en una conferencia reciente en México, este funcionario fue citado a dicha comisión junto con el cuestionado fiscal de la Nación, Pedro Chávarry. La iniciativa fue del presidente de ese grupo de trabajo, el congresista Jorge del Castillo, del Partido Aprista.

El fiscal Pérez se excusó de asistir por diligencias urgentes, pero Chávarry sí lo hizo y aprovechó la comodidad del escenario para despacharse contra Pérez, acusándolo de mellar la honra de los peruanos caídos a manos de la subversión.

En forma y fondo, sus expresiones críticas muestran que el fiscal de la Nación no lo quiere en la institución e inclusive le ha iniciado una investigación interna porque lo ha criticado y porque “no sabe lo que es respetar a sus superiores”.

De producirse el despido de Pérez en los próximos días, como parece ser el caso, se afectaría seriamente a este equipo especial de fiscales y es muy probable que los demás integrantes quieran apartarse porque no tolerarían un manejo así en el Ministerio Público, donde se estaría afectando el principio de autonomía con el que se conducen las investigaciones.

Si el fiscal de la Nación saca a José Domingo Pérez, la ciudadanía, que ya está bastante indignada con los acontecimientos que no dejan de sorprendernos a diario, se manifestará con mucho enojo. No consentirá un gesto que sería visto como una protección a los grupos políticos que están bajo la lupa del equipo especial y como una venganza por haber querido llegar a la entraña de la corrupción en la que incurrieron sintiéndose, siempre, intocables.

En una situación así, no solo correspondería a instituciones representativas, como la Defensoría del Pueblo, Transparencia y Proética, recurrir a invocaciones y pronunciamientos, sino también a cuanto tribunal e instancia corresponda para defender a la ciudadanía de semejante tropelía.