Luego de que el presidente Vizcarra disolviese el Congreso de la República la tarde de ayer, se ha generado un clima de incertidumbre en el que se discute sobre la constitucionalidad de la medida. Sin embargo, aquello no es más que el comienzo de una nueva crisis.

Han pasado 27 años desde que Alberto Fujimori disolvió el Congreso e intervino en el Poder Judicial, todo ello de manera inconstitucional.

Aquel recuerdo del Palacio Legislativo rodeado de tanques parece haber opacado los sucesos posteriores que parecen que se repetirán durante estos aciagos días. Uno de esos sucesos fue la juramentación del vicepresidente, Máximo San Román, como presidente de la República. El Congreso disuelto no reconoció su disolución y juramentó a San Román en el Colegio de Abogados de Lima, empezando, sin éxito, una larga batalla internacional para que Fujimori no sea reconocido y abandone el cargo.

La escena de San Román poniéndose la banda presidencial es recreada por Mercedes Araoz.

El Congreso no ha reconocido como constitucional su disolución y, según el anuncio de varios congresistas, intentarán vacar a Martín Vizcarra. Aunque más rápido y con menos votos es la suspensión, cosa que hicieron al cierre de esta edición.

Entonces, es un hecho la conformación de dos gobiernos paralelos, uno liderado por Vizcarra y otro por Mercedes Araoz.

Por ello, la batalla que tendrá que librar Vizcarra y el Congreso que no acepta su disolución será convencer a los organismos internacionales sobre la legitimidad de las medidas tomadas.

El país está atravesando la peor crisis política en los últimos 27 años y los ciudadanos deberán ser conscientes de que la disolución del Congreso es una medida excepcional que no debería volver a repetirse.