Congreso de la República
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La ley Mulder, o por sus iniciales #LeyDeEme, tiene competencia. El gobierno confirmó un proyecto alternativo que, según Villanueva, “está listo”. El criterio estatal para colocar publicidad no fue claro; agitó las suspicacias sobre el poder político repartiendo más de la cuenta. Pero esta ley ha desatado un caos en el Estado: ya no se comunican campañas de vacunación, edictos o los pagos a jubilados.

El keikismo no fue por la regulación y subió la #LeyDeEme a la mototaxi. Fue una vendetta contra, según su fuero interno, los medios que les arruinaron la elección de 2016 y mantienen una línea antikeikista. No es el celo por los recursos públicos y la transparencia. El gobierno tiene que estar del lado de los que necesitan vacunarse, casarse o recibir su pensión, no del keikismo.

Un argumento de la #LeyDeEme dice que hay campañas que pueden –y, creo, deben– informarse por noticieros y notas periodísticas. Pero, seamos francos, la gran audiencia no está en los programas periodísticos, sino en el entretenimiento y, con el Mundial, en los deportivos. A ese público se llega con publicidad. Las redes y los medios estatales solos no garantizan ese derecho público. La #LeyDeEme convive con la ley creada por García en 2006 sobre publicidad estatal que no fue derogada. #LeyDeEme y #LeyDeAG. ¡Al Estado le va a dar un patatús!

Heresi afirma que el nuevo proyecto es “sólido e integral”. El gobierno necesita pantalones para defender al Estado. Debe existir una partida anual asignada a la publicidad estatal, respaldada por audiencias oficiales. Una encuesta del INEI puede mostrar los alcances nacionales de cada medio. Así, esta publicidad partirá de las necesidades del Estado por comunicar sus mensajes a todo el país, desterrando la torpe idea de que los medios se aprovechan de ella.

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