[Opinión] Camila Bozzo: Juntos a favor de la minería informal

A vísperas del nuevo año y a la hora nona, el gobierno promulgó la ley aprobada por el Congreso actual que amplía hasta 2024 la vigencia del proceso de formalización de los mineros informales. La ampliación es genérica y no discrimina a los mineros con inscripción vigente en el Registro Integral de Formalización Minera (que han avanzado en sus procesos de formalización) de los que han optado por permanecer al margen de la legalidad y por incumplir las obligaciones mínimas impuestas por las normas vigentes.

El gobierno ha decidido secundar al Congreso en su afán por transar con la informalidad a sabiendas de que esta ley prolonga la depredación de ecosistemas, la violencia, la corrupción y la explotación de mujeres y niños. Lo ha hecho, además, a pesar del pedido expreso de la Defensoría del Pueblo para que observe la norma aprobada por el Congreso y a pesar del pronunciamiento en contra del Ministerio del Ambiente.

El gobierno está contradiciendo sin ambages las propias sugerencias de los órganos técnicos en materia ambiental y esto demuestra que su decisión responde antes a la conveniencia política que a la social y ambiental. Pero quizás lo que más subleva es que el Ministerio de Energía y Minas tenga la osadía de publicarlo en sus redes con tono triunfal, sin la aprensión que los escrúpulos suele generar.

Es lamentable que Ejecutivo y Legislativo se unan para tenderle un ramo de olivo a la minería informal, que viene medrando por años gracias, precisamente, a la condescendencia de nuestras autoridades. Aunque esto no debería sorprendernos; ya antes ambos se han aliado para transigir con transportistas informales y con quienes buscan desbaratar la reforma educativa. En cuanto a este gobierno, es lamentable que despliegue una retórica de deslegitimación de la minería formal (que tributa y cumple estándares ambientales) pero que promueva la minería informal.