Esa gente es nuestra

Los mineros ilegales son jóvenes, casi siempre provenientes de zonas rurales donde las oportunidades son nulas, donde no tendrán acceso a educación superior, donde la única posibilidad de futuro es pasar hambre, frío, perseguir animales, trabajar demasiadas horas al día por las que nadie va a pagarles un sol, en el campo. Las niñas que terminan esclavizadas sexualmente, obligadas a impulsar el consumo de cerveza en prostibares, vendiendo y regalando sus cuerpos a cambio de un plato de comida, una cama donde dormir, un celular, vienen de comunidades altoandinas donde no existe siquiera la secundaria y su día a día consiste en cuidar hermanitos, caminar en ojotas por suelos petrificados, comer dos veces al día la misma sopa y soportar muchas veces la vejación de sus profesores, vecinos y hasta de sus propios padres. Llegan engañadas por los tratantes con ofertas de trabajo de mil soles al mes, con la esperanza de atender como empleadas o meseras y poder ayudar a sus familias, ahorrar, y quién sabe luego estudiar algo, pero llegando les quitan el DNI, las encierran, las esclavizan y, si intentan huir, las matan.

El operativo Mercurio 2019 para erradicar la minería ilegal y delitos conexos en La Pampa se muestra como el más eficiente de los últimos diez años, desde que el primer ministro del Ambiente, Antonio Brack Egg, inició las interdicciones, con mucha valentía. El problema de fondo, sin embargo, es la pobreza estructural producto del Estado ausente en las zonas rurales. Satanizar a mineros ilegales, pedir cárcel para todos, pretender arrasar con el problema como si se tratara de un incómodo nido de ratas en un santuario natural es ingenuo, porque la maleza solo se esparce, más empobrecida y, por eso mismo, más brutal en su impacto. De nada sirve ese esfuerzo si no empezamos a construir un país que merezca su condición de país. Nuestra reacción es defender nuestra selva, nuestros árboles, nuestros ríos, nuestro turismo, pero la pobreza nunca es “nuestra”.

El Ministerio Público y el Poder Judicial determinarán si las 44 mujeres víctimas de trata rescatadas pueden volver a sus casas o si es necesario internarlas en centros de atención residencial. Pero esos centros requieren de una inversión importante en personal capacitado y condiciones mínimas, pues muchas veces son paupérrimos (conozco más de uno) e incluso se han dado casos de revictimización por violación dentro de ellos. (Que luego no nos extrañe si algunas chicas no quieren ser rescatadas). A las empresas privadas de cerveza, telefonía, maquinaria pesada, etc. que operan en La Pampa con la excusa del libre mercado, les toca sumarse al esfuerzo con acciones de prevención. La otra opción es seguir matando.