(Martín Pauca)
(Martín Pauca)

Redacción PERÚ21

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Las organizaciones civiles y empresariales deben unirse para exigir la salida del fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, pues, por un tema de transparencia, se pueden perjudicar las inversiones en el país. Así lo sostiene Ricardo Uceda, director ejecutivo del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), quien nos comenta lo que viene sucediendo en el Ministerio Público. Además, nos habla de cómo estuvimos en el 2014 en cuanto a libertad de expresión.

¿Cómo estuvo la libertad de expresión este año?De hecho que hay una gran expresión periodística. Sin embargo, hay riesgos y problemas de periodistas en asuntos de acusaciones penales, sobre todo en lugares donde hay crimen organizado. Por otra parte, el periodismo ha podido develar casos de corrupción emblemáticos en el país. Creo que, a la larga, la sociedad le debe bastante a lo que ha hecho la prensa este año.

¿En dónde se reportaron las acusaciones?En el año se han emitido unas 60 alertas. Los lugares más problemáticos son Áncash, Cajamarca y Lima. En el interior, los agresores son funcionarios públicos.

¿Cómo se han desenvuelto las organizaciones de la sociedad civil, en general?Pienso que hay un debilitamiento de la sociedad civil. Me refiero a la sociedad civil organizada en ONG, a pesar de que hay reacciones de movimientos dispersos que son muy importantes, por ejemplo, los movimientos cívicos en Áncash. Estamos en una etapa nueva, con nuevas formas de expresión. Creo que hay una debilidad que, si la juntas a la debilidad de los partidos, reflejará que el rol de la prensa es importante en esta etapa donde se vigilan menos derechos y menos asuntos de interés público.

El IPYS planteó en algún momento la renuncia del ministro Urresti…Lo que nosotros hacemos principalmente es tocar situaciones de peligro para periodistas. En el caso de Urresti, no nos pareció que una persona que está involucrada en un proceso de investigación sobre el asesinato de un periodista estuviera en un cargo que tuviera tanto que ver con la función del Ministerio del Interior. Además, puede afectar el desarrollo de este proceso en el sistema judicial.

Sin embargo, no les hicieron caso…En realidad, tampoco hicimos una campaña contra Urresti. Un ministro debe renunciar o ser removido por las condiciones políticas que tienen que ver con su gestión.

Pasa igual ahora que piden la renuncia del fiscal de la Nación, y sigue en el cargo…Es interesante lo que ha pasado con Proética. Es un gesto importante y muy destacable de una organización de la sociedad civil que se niega a acompañar en un proceso a una organización del Estado en donde parecen estar muy cómodos con el actual statu quo de la corrupción galopante, que ellos han permitido.

¿Se refiere a la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN)? ¿No es fiable?Una organización como Proética no tiene por qué estar acompañando a un organismo que no ha mostrado mayor sensibilidad hacia lo que está pasando con la corrupción. No hay una reacción de la CAN para mejorar los estándares de transparencia, para que se cumpla la ley de acceso a la información pública, para que los procesos del Estado puedan ser mejores y más rápidos. Pudo tomar una serie de iniciativas, pero, en realidad, no las toma porque da la impresión de que hay una situación en la que se cubren unos a otros.

¿Los miembros de la CAN se cubren entre sí?Hay un término senderista que, en cierto modo, podría ser empleado acá: el 'viejo Estado'. La gente de la CAN parece el 'viejo Estado'. Está bien que Proética haya dicho que el señor (Ramos Heredia) resuelva sus denuncias; si no, no integramos la CAN.

¿Qué organizaciones se podrían sumar al pedido de salida del fiscal Carlos Ramos Heredia?Sería saludable un encuentro entre organizaciones civiles, que defienden los derechos ciudadanos, con organizaciones de empresarios. Creo que se están dando cuenta de que la transparencia es absolutamente indispensable para que haya un clima de inversiones saludable. Es decir, la corrupción del Poder Judicial y del Ministerio Público afecta notablemente la inversión y el crecimiento.

¿Por qué el fiscal de la Nación no renuncia?Es evidente que tiene un margen de maniobra y apoyo en el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), en el gobierno y en el Congreso.

¿Por qué no resuelven las denuncias en el CNM?Es una expectativa de todos. En realidad, el CNM se está jugando su juicio histórico porque se tiene que reivindicar de lo deficiente que fue para nombrar a los magistrados.

¿El Ministerio Público está desprestigiado?Sin duda, pero no es porque yo lo diga. Esa es una percepción muy amplia, no es de un sector de la prensa ni de un sector interesado. Tampoco es porque haya preferencia para alguien en especial; yo solo tengo preferencias por alguien que tenga una trayectoria limpia y no con antecedentes de haber favorecido a prófugos que ahora están investigados con acusaciones muy graves, como Rodolfo Orellana y la mafia de Áncash.

AUTOFICHA

■ "Soy director ejecutivo del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), organización que promueve el periodismo de investigación, la libertad de expresión y el acceso a la información pública. En la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN) éramos parte de Proética".

■ "El Poder Judicial y el Congreso de la República han perdido legitimidad ante la sociedad para combatir la corrupción, que es la labor que deben realizar pese a su poca aceptación. Debemos mejorar los estándares de transparencia".

■ "Tuvimos una actitud enérgica en el ejercicio de hacer una declaración pública. Hemos tenido muchos casos de acceso a la información pública, una labor destacada para lograr que el Poder Judicial desactive juicios millonarios del grupo Orellana contra periodistas".

Por Ricardo Monzón Kcomt (rmonzon@peru21.com)

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