El gato sigue de despensero

El viernes por la tarde, el congresista Juan Sheput entregó a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales un informe que recomienda la destitución del actual fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarry. Y no solo su defenestración, también su inhabilitación por los próximos 10 años.

El documento refiere un análisis del Tribunal Constitucional a propósito del juicio político, que es lo que el Congreso ejecuta cuando se plantea una denuncia contra un alto magistrado supremo como Pedro Chávarry. El texto extraído del análisis dice: “En estos casos la razón del despojo del cargo no tiene origen en la comisión de un delito, sino en la comisión de faltas que aminoran, en grado sumo, la confianza depositada en el funcionario, la que debe ir indefectiblemente ligada al cargo que ostenta”.

Como se recuerda, Chávarry mintió públicamente para ocultar su relación con dos activos integrantes de la banda Los Cuellos Blancos del Puerto. Está probado que durante el proceso para definir su designación como fiscal de la Nación, el juez César Hinostroza, sindicado como el cabecilla de la banda, hizo malabares para que la prensa no cuestionara el nombramiento de Chávarry. Invirtió tiempo y dinero en ello: organizó un almuerzo con un grupo de periodistas que debían servirle de contención a las críticas que pudieran desatarse.

Como lo revelan los audios de la vergüenza, Hinostroza lideró el conciliábulo de jueces y fiscales corruptos que se habían organizado para convertir la justicia en el más vil de los negocios. Entonces, ¿por qué protegería a Chávarry?, ¿gastaba pólvora en gallinazos? ¿Quién puede creer que el líder de Los Cuellos Blancos tenía un sano interés en colocar a Chávarry, precisamente, a la cabeza de la Fiscalía?

“El denunciado encubrió la verdad hasta que ya no pudo sostener su versión”, dice el informe Sheput. Y de ello fuimos testigos todos los peruanos, todos lo escuchamos decirles a los periodistas Delta, Huertas y Mariátegui que él nunca se reunió con Hinostroza y que no conocía a “Toñito”, el dueño de la casa donde se realizó la reunión que negó.

El informe condenatorio presentado por el congresista Sheput sostiene también que Chávarry ha perdido su independencia como fiscal “dadas sus extrañas relaciones con personajes que su propia institución investiga”. Se refiere a Antonio Camayo, preso por ser uno de los operadores de Los Cuellos Blancos, y a César Hinostroza, desaforado por la misma pertenencia. Ambos invirtieron sus propios recursos para ayudar a Chávarry a ocupar el alto cargo. “Resulta muy difícil de aceptar que dichas dádivas se hubieran otorgado sin esperar nada a cambio en el futuro”, dice el informe Sheput.

A todo se suma el daño que Chávarry le viene causando al Ministerio Público. El informe Sheput da cuenta de los pronunciamientos en contra de la permanencia de Chávarry de parte de los fiscales de Áncash, Arequipa, Huancavelica, Puno y la selva central, así como los cuestionamientos formulados por el equipo de fiscales de Lavado de Activos de Lima y el de 27 de los 34 presidentes de las Juntas de Fiscales Superiores del país.

El informe ya debería estarse debatiendo, se trata de un tema urgente. Desde que accedió al cargo, Chávarry ha cambiado a 101 fiscales nombrados y recolocado fiscales provisionales a lo largo del país. Igual que en la época de Montesinos.

Y como en esos días, Chávarry obstaculiza la investigación contra Los Cuellos Blancos. Las fiscales Rocío Sánchez y Sandra Castro, a cargo del caso, no reciben el personal que han requerido y solo tienen presupuesto garantizado hasta fin de año. El gato es el despensero en la Fiscalía. Así no se combate la corrupción.