(Foto: Presidencia Perú)
(Foto: Presidencia Perú)

Que Vicente Zeballos y su equipo de ministros estaban tremendamente desgastados es un hecho incontrovertible. Pero nombrar como nuevo premier a un político que tiene una investigación en la Fiscalía –por la compra de 24 helicópteros durante su gestión como ministro de Defensa en el gobierno de los Humala Heredia– evidencia una alarmante falta en el sentido común de un presidente de la República que construyó su popularidad sobre la base de la lucha contra la corrupción.

Designar a un presidente de Consejo de Ministros como Pedro Cateriano, trajinado político signado sobre todo por la confrontación y conocido más por termocéfalo que por su disposición a la conciliación –que es lo que hoy hace falta para ponerles fin a los interminables y perniciosos enfrentamientos entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo y para reconstruir el empleo perdido–, es pensar que estamos en el año 2019 y no en este 2020, dominado por una pandemia que el Perú sigue combatiendo –tanto en términos de emergencia económica como de salud pública– y con resultados todavía muy insatisfactorios.

Es cierto que ayer el flamante primer ministro lanzó rosas, tendió puentes y anunció una ronda de diálogo. Como todos los peruanos, deseamos profundamente que esta voluntad no se descarrile en el intento.

No faltan, sin embargo, los mal pensados que explican esta designación como parte de un tinglado: Martín Vizcarra ha perdido popularidad y afronta también denuncias e investigaciones sobre ciertas contrataciones estatales presuntamente direccionadas para beneficiar a gente como Richard Swing o sus propios familiares políticos.

Si se tratara de un nombramiento estratégico, que pasa por convocar a una personalidad confrontacional para que resucite el encono con partidos políticos como el Apra y el fujimorismo en busca de repetir la fórmula que antes aumentó su popularidad, Vizcarra estaría privilegiando sus intereses personales sobre las necesidades del país, que de momento exigen anteponer las urgencias sociales y sanitarias de primer orden.