Fuera de la ley

“No deja de llamar la atención el pertinaz cinismo con que la maquinaria fujimorista continúa blindando a notorios delincuentes”.

Fuerza Popular

Nuevos chats muestran cómo se manejaban algunos asuntos al interior de Fuerza Popular. (Foto: GEC)

Fuera de la ley. (Foto: GEC)

Editorial Perú21
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Es como llover sobre mojado, pero no deja de llamar la atención el pertinaz cinismo con que la maquinaria fujimorista continúa blindando a notorios delincuentes e intentando obstaculizar, por todos los medios a su alcance, el trabajo de la justicia.

Claro que, si hacemos una genealogía de este desprecio por las instituciones, la legalidad o todo lo que signifique el orden jurídico, no habría necesidad de ir tan lejos: con darse un saltito mental a los 90, sería suficiente. Sin embargo, la diferencia de contextos no es tan sutil –vivimos ahora en una democracia– por mucho que la hueste de Keiko Fujimori haga esfuerzos por conservar el estilo de antaño. Deberían recordar que el hecho de poseer la mayoría en el Congreso no convierte automáticamente su indiscutible influencia en un poder dictatorial por encima de las leyes vigentes.

Solo esta lectura de la Constitución y la ley como estorbo o conspiración que no los deja llevar a cabo sus planes puede explicar que Fuerza Popular (FP), desoyendo a la ciudadanía y a la contundencia de las pruebas que se acumulan en su contra, siga defendiendo, por ejemplo, al ‘hermanito’ César Hinostroza y a su carnal Pedro Chávarry. O que haya enviado a Tarapoto a un asesor legal del Congreso a encontrar posibles “nexos” entre el fiscal Rafael Vela y el ahora testigo eficaz Rolando Reátegui, infeliz movida que hasta el abogado César Nakazaki ha comentado con sorna.

De la estrategia de obstrucción a la labor de la Fiscalía se encontraron indicios ya desde los primeros allanamientos a locales y casas de figuras de FP, pero esta orquestación de artimañas y leguleyadas se extendió incluso con varios de sus dirigentes y “tesoreros” ya en prisión, como acaba de denunciar el fiscal José Domingo Pérez, al pedir el cambio de penal para Jaime Yoshiyama, quien junto con su vecino de celda, Pier Figari, y los abogados de ambos habrían estado urdiendo maniobras y declaraciones para perjudicar la investigación.

Cualquiera diría que, así como Keiko Fujimori desató una guerra sin cuartel al Gobierno cuando perdió las elecciones (“nos han elegido para ser oposición”), su partido decidió emprender otra contra nuestro sistema de justicia al día siguiente de que la jefa fuera a dar a la cárcel.

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