La columna de Mónica Delta.
La columna de Mónica Delta.

Hasta ayer, si tenías , probablemente tenías menos derechos que tu mascota a la que puedes sacar a pasear todos los días. Antes de dar marcha atrás en la obligatoriedad de la restricción, el Gobierno señalaba que era para proteger a los “adultos mayores” del coronavirus. ¿Tiene sentido esto? Evidentemente todo aquel que tenga enfermedades preexistentes, sea obeso, joven o viejo, es blanco apetecible del maligno virus.

A siete meses del estado de emergencia, podemos tener algunas cosas claras. Las cifras y causa de complicaciones en las UCI están a la mano. Prohibirle, por calendario, a una persona que tiene derecho a seguir moldeando su propia responsabilidad en plena actividad profesional y física, decidir o no salir de su casa, con los protocolos que se les exige a los demás ciudadanos, es discriminatorio.

Tu edad cronológica no debe recortar tus derechos per se. Detener, pedir documentos, preguntarle al ciudadano (a) su edad para exigirle que se recluya en su casa es indigno, además de injusto. La seguridad, los cuidados deben ser asumidos por cada ciudadano. Las reglas son para todos. Entendemos que un niño pueda no saber qué le conviene y para eso tiene la tutoría de una persona mayor de edad, para tomar decisiones informadas.

El Estado está obligado a sostenerse en campañas de advertencias sanitarias, es indispensable estar al tanto de cómo seguir cuidándonos, supeditados a las noticias de la ciencia, que son dinámicas porque entendemos que es una enfermedad sobre la que nada se sabía y aún se ignora mucho. Pero de ahí a “llevar de la nariz como niños malcriados” a “guarecerse” en sus casas, es humillante, y de Estados poco democráticos.

El “papá gobierno” piensa por ti, te dice qué es lo mejor para ti, te manda a la cama temprano, te castiga con detenciones si no haces caso. En 2030 se prevé que la tercera parte sea mayor de 65 años; en 2020 hay 4 millones 140 mil peruanos de las seis décadas, según el INEI, que en gran porcentaje siguen siendo económicamente activos. Ayer, el presidente Vizcarra cambió la obligatoriedad por una “recomendación”. Una decisión que se había demorado en tomar.