(Foto: Jorge Cerdán / GEC)
(Foto: Jorge Cerdán / GEC)

Con lo mucho que le gusta ufanarse de sus vínculos con los ronderos de su tierra, no llama la atención el silencio cómplice que Pedro Castillo guarda sobre lo que acaba de ocurrir en Pataz, La Libertad –y unos días antes en Cajamarca, con un equipo de periodistas de Cuarto Poder–, donde se secuestró y torturó a 8 personas, 7 de ellas mujeres acusadas de hechicería.

Lo menos que se espera de un presidente de la República es que condene enérgicamente los arrebatos de violencia de quienes se arrogan el poder de vigilar y castigar sin ningún respaldo legal. Ciudadanos secuestrados durante 12 días, cuyos derechos el presidente debería hacer respetar, como se deben respetar los derechos humanos de todos los peruanos, sea cual sea su creencia o condición social.

Lo que sí resulta insólito y hasta vergonzoso es que la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables eluda el tema y más bien salga apresuradamente a condenar una parodia de la primera dama realizada por el comediante Carlos Álvarez.

Desde el Ejecutivo, por lo que puede verse, será difícil que se impulse un proyecto para poner límites expresos a estas organizaciones, que imponen su ley a latigazos, como si estuvieran en el siglo XVI, administrando justicia sin otro criterio que el suyo y ensañándose particularmente con mujeres a las que acusan de “malas”, “infieles” o –como sucedió en Pataz– “brujas”.

Las rondas campesinas han cumplido por décadas un importante papel en la contención del delito en los campos de la sierra y la selva peruana, sobre todo en zonas apartadas y en tiempos en que las sanguinarias huestes de Sendero Luminoso los asolaban. Pero entonces solían actuar en coordinación con la Policía o las Fuerzas Armadas, que, con el Poder Judicial, son las únicas instituciones autorizadas por nuestra Constitución para llevar a cabo estas tareas.

Hoy, en cambio, tenemos ronderos fuera de control, sintiéndose quizás legitimados y empoderados por un Gobierno que en repetidas oportunidades ha manifestado su intención de darles mayor protagonismo en su fracasada lucha contra la delincuencia y la inseguridad ciudadana. Un despropósito absoluto, como coinciden los expertos en el tema.

Los abusos de las rondas deben ser investigados y penalizados de inmediato. Episodios como los vividos en los últimos días no pueden ser tolerados.