Frente a la inconstitucionalidad en serie

El Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la ley de devolución de la ONP. Es la tercera ley del Congreso actual que “se baja” por unanimidad. Al igual que los casos anteriores sobre suspensión de peajes y ascenso automático del personal de salud, se trataba de una norma que: (1) afectaba abiertamente la Constitución, (2) fue así advertido por diversos especialistas, y (3) el presidente cuestionó (observó). Los congresistas ignoraron todo esto y la aprobaron por insistencia. ¿Qué hacer frente a un Parlamento que produce leyes inconstitucionales en serie? Desde el propio Congreso se plantean dos propuestas.

Arón Espinoza (Podemos Perú) evalúa denunciar a los magistrados. Al parecer, para el congresista, las leyes dejarán de ser inconstitucionales si se neutraliza al órgano encargado de velar por el respeto de límites y derechos fundamentales. Una reflexión lamentable. La propuesta, propia del manual autoritario –y que el fujimorismo aplicara en 1997 e intentara en 2017–, afecta la independencia básica que todo juez necesita para hacer su trabajo. No es una solución real.

Y es que existe una diferencia importante entre criticar sentencias y, por otro lado, sancionar o destituir jueces por sus fallos. Lo primero es un derecho y aporta al debate, lo segundo vulnera la separación de poderes. Es la línea que divide democracia de dictadura.

Luis Valdez (APP), más bien, propone que las autógrafas observadas como inconstitucionales por el Ejecutivo pasen a estudio especializado de la Comisión de Constitución. Mayor análisis en vez de precipitar una votación de insistencia en el Pleno como viene ocurriendo. Es el camino de la sensatez.

Pensar un procedimiento más gravoso para una ley observada o, incluso, subir los votos necesarios para su insistencia, favorece la deliberación. Si el Congreso quiere llegar a soluciones constitucionales para los problemas que identifica, necesita de mejor debate y análisis.