El Gobierno de la presidenta Boluarte ha anunciado un proyecto de ley para crear una franja informativa a través de la cual obliga a los medios de comunicación a difundir información en estados de emergencia, en este caso, las acciones diarias del Ejecutivo contra la inseguridad.
Una idea propia de gobiernos autocráticos o dictatoriales, acostumbrados a imponer prepotentemente la información oficial, silenciando o relegando la que se obtiene de manera independiente. Iniciativas de este tipo, como han señalado diversos medios y gremios en contundentes comunicados, “marcan una peligrosa ruta que solo la transitan los gobiernos autoritarios”.
La mandataria se queja de que no se difunden las exposiciones y presuntos logros de su denominado ‘Cuarto de Guerra’ contra la delincuencia, olvidando que muchas de las acciones y capturas que suelen enumerarse en dicha instancia no siempre son relevantes respecto a un avance real, significativo, en la lucha contra el crimen organizado.
Porque ha ocurrido también, no lo olvidemos, que se intenta dar ‘gato por liebre’ a la ciudadanía, como cuando el exministro Santiváñez anunció con bombos y platillos que había capturado al N.° 2 de Sendero Luminoso en el Vraem, y Perú21 reveló que el anuncio —por el que el defenestrado titular del Interior apareció sacando pecho ante la prensa— era totalmente falso.
Dado que este Gobierno se acostumbró a dictar estados de emergencia un mes sí y otro también, pese a haberse demostrado que se trata de medidas efectistas sin mayor impacto en cuanto a seguridad urbana, los medios estarían obligados ahora a ofrecer una franja informativa oficial, obligatoria, de 40 minutos diarios.
Si la señora Boluarte desea transmitir sus mensajes, lo adecuado sería que ofrezca conferencias de prensa más rigurosas o difunda sus —discutibles— versiones de la realidad a través de los medios correspondientes, tal como reza el comunicado de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión: “Si el Gobierno desea promover campañas informativas sobre la lucha contra la delincuencia, existen mecanismos institucionales para ello y, además, cuentan con los medios de comunicación del Estado” (Andina, El Peruano, IRTP, Radio Nacional).
Por último, si no hay acciones concretas, verificables, orientadas a reducir la criminalidad que ha infiltrado casi todas las esferas de la actividad económica del país, el problema difícilmente se resolverá manipulando al mensajero para que maquille el mensaje.
El Gobierno no parece entender que lo que se le resiste no es el mensajero, sino la realidad: aquella que los peruanos viven como una amenaza desde el comienzo de cada nuevo día.
