Congreso del Perú. (Foto: AFP)
Congreso del Perú. (Foto: AFP)

Los padres exigen justicia. Como si algo pudiera compensar o justificar la muerte de un niño de 7 años que no fue operado a tiempo de apendicitis, a pesar de haber estado en un hospital al que no debían faltarle médicos ni equipos. Pero el niño murió, como morirán muchos más a pesar de que el dinero del Estado es suficiente para impedirlo.

Los servicios de salud del Estado son deplorables: personas haciendo cola en las afueras de los hospitales desde la noche anterior para conseguir una cita; medicamentos que no se entregan; equipos sin reparación ni mantenimiento; pacientes que requieren una operación, pero deben esperar a que se libere una cama; indiferencia y displicencia de una parte del personal, que actúa como si estuviera haciendo un favor y no cumpliendo un trabajo.

Este es el diagnóstico con que empieza el “Año de la Universalización de la Salud” en el Perú. Y, a mediados de enero, no sabemos aún qué se hará; ni si la ministra tendrá apoyo o (especialmente) tiempo para hacerlo. Hasta ahora, los sectores han sido incapaces de sacar proyectos: las cabezas han sido vencidas por la burocracia que tiene todos los incentivos para no hacer nada: no decidir y no firmar, están libres de riesgo. Si no hacen nada, no pasa nada. Sueldo a fin de mes.

Sugerencia, candidatos: que el Congreso cambie “persecución”, que es lo que hace, por “verdadera fiscalización”. ¿Qué acciones permitirán la universalización de la Salud? ¿Los responsables de ejecutarlas y supervisarlas? ¿Los indicadores? ¿La línea de base? ¿El impacto esperado?

¿Quieren hacer algo útil en un año? Cambien los incentivos de los funcionarios del Ejecutivo: sirvan todos al país; y hagan que se note. Creen una nueva forma de fiscalizar.

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