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Juan José Garrido,La opinión del directordirector@peru21.comHace mucho que la Fiscalía de la Nación, aquella entidad encargada de velar –es un supuesto— por los intereses de la sociedad, es un ente inútil, corrupto en el sentido estricto del término; léase, no cumple la función para la cual fue constituida y, por lo tanto, carece de sentido esperar cualquier cosa de ella. Para probar su inutilidad me remito a tres casos recientes del centenar que se conocen.

El caso Áncash, en el cual se ha puesto al descubierto una mafia que involucra a políticos, empresarios, sicarios y medios, pasó por las manos de la Fiscalía. ¿Qué ocurrió? Nada. Lo que hoy es el caso Áncash pudo perfectamente ser un caso aislado y acotado hace muchos años, sin muertos ni heridos. Pero, como sabemos, la Fiscalía (con la participación, nada menos, que del actual fiscal de la Nación) se encargó de hacerles las cosas más fáciles a los mafiosos. ¿Qué hizo? Lo de siempre: nada.

Los casos de distintos congresistas y ministros, aunque sobren las pruebas –la gran mayoría documentadas (audios, fotos y testimonios)–, terminan encarpetados. Hace tan solo 24 horas, la portada de Perú21 llamaba la atención sobre ello. Esto es recurrente y horizontal: no solo es con el poder de turno; son, para estar a tono con los tiempos, "inclusivos" cuando de proteger se trata.

Y, como cereza en la torta, está la inexplicable actuación de la fiscal Parco, quien acusa al eslabón más débil del caso Ecoteva. ¿Cómo podía la Sra. Fernenbug cometer algún delito si no contaba con acceso al poder o a recursos? ¿Cómo logró saltarse la línea lógica?

El resumen es simple y evidente: la Fiscalía no sirve, no funciona, no garantiza nada. Y, ahora, en manos de una persona tan cuestionada como el Sr. Ramos Heredia, nada apunta hacia una mejora.

La Fiscalía se debe a la sociedad, pero queda claro que sus dueños están en las esferas políticas. No existe independencia del poder político. Así las cosas, bien valdría la pena revisar su existencia. Cuanto antes.