:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/47FTBUYJBBDYBCKG445TEU5SJM.png)
Se quedó mudo y pálido. El exalcalde de Lima Luis Castañeda Lossio dejó de reír y hacer muecas a la fiscal Milagros Salazar ayer luego de escucharla decir que por los delitos que se le imputan –colusión, lavado de activos y asociación ilícita– le podría caer una condena de 35 años de cárcel.
La integrante del equipo especial Lava Jato hizo esta estimación durante el segundo día de audiencias en las que ha sustentado su pedido de prisión preventiva por 36 meses para Castañeda, a quien le imputa ser cabecilla de una red criminal que se habría dedicado a la recepción de aportes ilícitos de las empresas OAS y Odebrecht para financiar su campaña de 2014.
“El pronóstico de pena para Castañeda sería la sumatoria de 12 años de pena privativa de la libertad (por colusión), 13 años y cuatro meses por lavado de activos, y de 10 años y cuatro meses por asociación ilícita que da un total de 35 años y ocho meses”, indicó Salazar.
Cuando le tocó pronunciarse al final de la diligencia, el exburgomaestre catalogó la pretensión fiscal como una “jalada de los pelos”.
“Somos la gestión que más ha hecho obras. Ahí están nuestros hospitales, nuestras escaleras, nuestras lozas deportivas, hechas y financiadas por nosotros. Eso no se hace así si no se trabaja con honradez”, declaró.
Con la misma fórmula se sumó las posibles penas para los otros dos procesados.
En el caso del líder del partido Podemos, José Luna, se proyectó una sentencia de 23 años y cuatro meses por lavado de activos y asociación ilícita.
Para la exgerente de Promoción de la Inversión Privada de la municipalidad, Giselle Zegarra, se consideró 26 años y cuatro meses de cárcel por colusión agravada, asociación ilícita y tráfico de influencias.
EL PELIGRO PROCESAL
La fiscal Salazar explicó ante la jueza María Álvarez que existe peligro procesal en la conducta del exalcalde por “eludir a las autoridades de justicia” cuando en junio de 2019 fue citado a declarar.
Según recordó, Castañeda presentó entonces un certificado médico que, “a través de un amigo”, consiguió como un “favor” para reprogramar su asistencia a la Fiscalía. También recalcó que Castañeda “no tiene ningún tipo de arraigo” que garantice su colaboración.
“Vive solo, está divorciado, sus hijos son mayores de edad. (…) No se arraiga a los bienes que utiliza y habita. Tampoco tiene ningún impedimento para salir del país”, argumentó.
En el caso de Luna, Salazar puntualizó que “los arraigos domiciliarios y familiares decayeron” por la gravedad de la pena. Indicó que, cuando la Policía lo fue a buscar a todos sus domicilios, no lo encontró, y que entre 2013 y 2018 ha realizado 14 viajes al extranjero.
La fiscal señaló, además, que “existe duda” sobre la licencia que este solicitó a su partido. Recientemente, Luna acudió a Palacio como presidente de su organización para una cita con el mandatario Martín Vizcarra.
“Hay acercamiento de Luna con los investigados y con los testigos que podrían aportar elementos a la investigación. Por eso afirmamos que existe la obstaculización”, acotó Salazar.
Finalmente, la representante de la Fiscalía sostuvo que no hay certeza sobre el arraigo laboral y domiciliario de Zegarra. “Hay que tener en cuenta que ella era el nexo con una organización criminal reconocida”, manifestó.
La defensa de los tres investigados rechazó que haya peligro de obstaculización y solicitó a la magistrada que declare “infundado” el requerimiento de la Fiscalía o, en su defecto, dictar una medida menos gravosa, como la comparecencia simple.
La fiscal Salazar insistió en que la detención “es una medida idónea, necesaria y proporcional en estricto”. “Desde que se incorporó el delito de lavado de activos, hemos visto conductas de obstaculización de los investigados”, añadió.
TENGA EN CUENTA
- Desde julio de 2019, Castañeda, Luna y Zegarra tienen impedimento de salida del país por 18 meses. Giselle Zegarra, por su parte, dijo que “no me voy a fugar” y aseguró que seguirá respondiendo por las investigaciones en su contra.
- La jueza Álvarez programó para este viernes (10:00 a.m.) la audiencia en la que anunciará su decisión final.
