(GEC)
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Por Héctor Vargas Haya

Puede ser admisible la subvención a favor de los partidos políticos, pero no con dinero efectivo, sino por medio de las franjas electorales en los canales de difusión, oficiales, y en igualdad de condiciones para los participantes en el proceso electoral. Pues si se aspira a obrar con decencia y docencia, debe saberse que para difundir planes y programas de gobierno, sin que primen intenciones subalternas, son suficientes los espacios políticos proporcionados por el Estado en los medios de difusión, porque lo único que, al final de cuentas, necesitan conocer los electores es el contenido de las propuestas electorales que deben difundir los voceros oficiales de cada grupo y no, de manera libertina, nada edificante, que practican, de un tiempo a esta parte, los candidatos al Congreso pertenecientes a la misma agrupación y actuando como si se tratara de planes y programas personales disímiles.

Por lo demás, no se requieren prácticas fantasiosas, exhibicionistas de poderío económico ni propiciar la defectuosa dispersión de programas políticos por los candidatos integrantes de una misma agrupación, como si fueran rivales; es suficiente la difusión de planes generales de gobierno nacionales, regionales y municipales por los encargados, líderes o voceros de los grupos participantes, tal como lo era en el pasado.

Por otro lado, lo más impresionante e insostenible es la risible inocencia de creer que estableciendo sanciones y prohibiendo a las empresas –que aporten con dinero– su participación como postores en licitaciones de obras públicas del Estado, ha de evitarse el otorgamiento de ilícitos favores posteriores. Pues, además de significar una inaceptable candidez, la propuesta es contradictoria, porque no es ético admitir lo prohibido, aunque se establezcan condiciones y sanciones.

Además, nadie puede garantizar la abstención o la participación en negociados y actos de corrupción, generalmente practicados mediante interpósitas personas o testaferros, y que los favores no sean devueltos por otros medios y por la puerta falsa. La imaginación criolla es fecunda y caudalosa. No tener en cuenta esta realidad es ingenuo. Bien se sabe que ninguna empresa practica donativos de dinero a favor de candidaturas si no asegura futuros réditos.

Entonces, para evitar la intervención de aportantes anónimos, son las franjas electorales del Estado en las que sean los jefes y voceros oficiales los únicos que propalen los programas políticos, tal como se estilaba en el pasado.

Finalmente, no es ético que lo declarado pecaminoso e ilícito sea admitido bajo el establecimiento de ciertas condiciones, a las que las autoridades electorales las denominan sanciones contra los aportantes de dinero. Por lo demás es imposible santificar lo que resulta pecaminoso. La moral no admite condiciones. Si es antiético que las empresas aporten ayuda económica, lo es más admitirla bajo las simplistas condiciones ya señaladas de prohibirles participar en licitaciones, como si por dicho medio quedaran santificadas sus ilicitudes.


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