Estupenda la noticia que dio a la ciudadanía el presidente de la República, Francisco Sagasti, sobre la firma de dos contratos que permitirán que el Perú reciba a partir de este mismo mes las primeras dosis de vacunas contra el COVID-19. Un logro que ciertamente debemos a los esfuerzos coordinados del gobierno, la Cancillería y el Ministerio de Salud (Minsa).
La primera entrega de un millón provendrá de los laboratorios chinos de Sinopharm, a los que se ha comprado un total de 38 millones de vacunas. Con el consorcio Oxford-AstraZeneca se ha cerrado también un acuerdo por 14 millones de aplicaciones, que llegarán a partir de setiembre próximo. Sagasti mencionó que, asimismo, había conversaciones avanzadas con Covax Facility –por 13 millones de dosis– y se continuaba negociando con laboratorios de distintos países, sin dejar de lado el apoyo al proyecto de vacuna que vienen desarrollando la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) y la compañía Farvet.
Sin embargo, a partir de la llegada de las remesas iniciales, comenzará una nueva responsabilidad para el gobierno y el Minsa: la conservación, distribución y aplicación de las dosis en todo el país. No somos Inglaterra o Israel, pero tampoco Chile, es decir, nuestra intrincada geografía, las tremendas brechas sociales y los consabidos déficits de infraestructura en el país jugarán en contra de la fluidez que requiere un proceso de vacunación en condiciones de emergencia. Que un profesional como Carlos Neuhaus, del Comando Vacuna, esté al frente de la logística en la distribución de las aplicaciones en territorio nacional permite confiar, no obstante, en que se actuará con toda la eficiencia y racionalidad posibles.
No olvidemos tampoco que los primeros en recibir las dosis deben ser los trabajadores de la primera línea de salud contra la pandemia, miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, así como los ciudadanos mayores de 60 años, cuya vulnerabilidad ante el patógeno limitó su capacidad laboral.