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Carlos Tapia,Opina.21En la noche del pasado miércoles, el Congreso aprobó la ley que autoriza a las Fuerzas Armadas desplegadas en el Valle de los Ríos Apurímac y Ene (VRAEM) para que participen en la interdicción contra el narcotráfico. En el Alto Huallaga, la otra zona de emergencia, la Policía Nacional continuará responsabilizándose de esta lucha. Esta diferencia no es cualquier cosa; ahora una sola patrulla del Ejército Peruano (EP) podrá intervenir y decomisar la cocaína que los "mochileros" transportan, también los insumos químicos, destruir las pozas de maceración, etc, con la obligación de entregar la droga al Ministerio Público y la PNP. Esta nueva atribución otorgada a las FF.AA. se justifica – según el congresista Carlos Tubino, autor de la propuesta– porque con las normas anteriores se retardaban las intervenciones ya que se requería la presencia de un policía y un fiscal. Por último, se señala que en caso de corrupción de uno o varios efectivos militares, estos serán puestos a disposición del fuero privativo militar.

No se duda de la buena fe del congresista Tubino, de su insistencia en que la Fuerza Aérea del Perú (FAP) pueda derribar las avionetas que irregularmente ingresen a nuestro espacio y que los botes artillados de nuestra marina intervengan a naves sospechosas en ríos de la selva del VRAEM.

Sin embargo, no se da la debida importancia al riesgo que esto significa contra la moral y a favor de la corrupción dentro de las Fuerzas Armadas. Porque estas intervenciones suponen un trabajo de inteligencia previo, infiltración al narcotráfico, etc. Es decir, no solo se suplantan las labores de la Policía Nacional sino de sus cuerpos especializados como la Dirandro. Habría que tomar en cuenta la corrupción que envolvió a los efectivos militares destacados al Alto Huallaga a comienzo de los años 90 y el daño que causó a nuestras FF.AA.

En la Comisión de la Verdad y la Reconciliación se demostró que junto a las bases militares se encontraban las "pistas clandestinas" de los narcotraficantes.

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