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Redacción PERÚ21

redaccionp21@peru21.pe

La informalidad en la televisión paga ya alcanza el 52% del mercado, con lo que es, de lejos, el principal "proveedor" de servicios, seguido por Movistar con 30%, Claro con 8% y DirecTV con 7%. Hace tan solo diez años, la empresa española tenía 72% y la informalidad 6%, y, aunque en este mismo periodo el acceso pasó de 9% a 36% (formal más informal), aún estamos muy por detrás de países como Colombia y Chile, con niveles de acceso superiores al 60%.

Según un estudio de Contribuyentes por Respeto, un incremento de 3.5% en la informalidad de televisión paga reduce en 1% la expansión de la cobertura formal. En tanto, un aumento de 1% en el ingreso de los hogares aumenta la probabilidad de tener televisión paga en 0.53%. Asimismo, un incremento de 1% en el precio disminuye la probabilidad de acceso en 0.68%.

En otras palabras, los "robacables" no solo roban ingresos a los operadores y tributos al fisco, sino también la oportunidad de acceder al servicio a los usuarios potenciales (y a menor densidad poblacional, menor probabilidad de acceso), cuyo nivel de acceso también dependerá de sus ingresos y el precio que se cobre.

Dados los altos costos fijos de esta industria, a mayor extensión de la red, menores costos medios, y menores pueden ser los precios. Así, hay un círculo vicioso que debe romperse: alta informalidad, altos precios relativos (para la disponibilidad de pago del peruano), baja extensión de la red y Estado ausente. Esta semana las empresas han lanzado una Alianza contra la Piratería de Televisión Paga. ¿Estará dispuesto el Estado a colaborar?

En mi opinión, sin la concurrencia público-privada, el círculo vicioso del que hablamos no se romperá, pues, sin fiscalización, las redes no se expandirán como quisiéramos y de poco servirá bajar los precios. Gran parte de la respuesta la tiene el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que es el llamado a ejercer el liderazgo desde el Estado.