Felipe Morris: ¿Podemos confiar en el Congreso?

El 12 de abril escribí un artículo donde expresaba mi preocupación por el deterioro institucional del país que no ocasionaba reacción alguna del Congreso. Mencionaba que existía la opinión generalizada de que el Gobierno no daba para más. Pasaron los meses y la situación se ha agravado, con un incremento de denuncias sobre presuntos actos de corrupción, cada vez con mayor gravedad, y un Gobierno que no muestra propósito de enmienda. La lista de tropelías es enorme, muchas de ellas cometidas o descubiertas en los últimos tres meses.

El balance de la gestión del Gobierno es muy negativo con 138 nombramientos cuestionados, según El Comercio, con 41 que todavía se mantienen en el cargo. A eso se suman alrededor de 120 investigaciones y denuncias a altos funcionarios, incluidas las cinco investigaciones abiertas al presidente Castillo por la Fiscalía por presuntos delitos. Las denuncias son variadas ya que incluyen todo tipo de corrupción, desde la contratación de sobrinos o sobrinas de ministros en cargos públicos, el uso indebido de influencias familiares que llegan hasta Palacio, la obstrucción de justicia o el encubrimiento de personas allegadas al Gobierno con orden de captura; hasta licitaciones amañadas de obras públicas por cientos de millones de dólares. A esto hay que sumar la enorme cantidad de funcionarios que han ingresado a la administración pública incumpliendo los requisitos de experiencia o idoneidad profesional y moral. El resultado ha sido una parálisis de la gestión pública, el deterioro de los servicios esenciales a la población y la desaceleración de la obra pública e inversión privada.

El país necesita un cambio de timón para mejorar la gobernabilidad, erradicando la corrupción y la incompetencia, pero en el Congreso parecen estar más preocupados en quién controla la Mesa Directiva, a riesgo de perderla ante las bancadas que apoyan al Ejecutivo. Casi el 80% de la población exige que se vayan todos, incluidos 205 gremios empresariales, asociaciones de empresarios y cámaras de comercio que aglutinan a millones de empresarios a nivel nacional. El Gobierno, aún sin apoyo popular, amenaza con sorpresas políticas en 28 de julio. Esperemos que el Congreso asuma su responsabilidad y tome las decisiones necesarias para terminar con este desgobierno que está afectando la inversión y el bienestar general. Y al aprobar leyes esperemos que mejore nuestra institucionalidad, incluidas las reformas políticas y electorales que son indispensables para evitar caer en lo mismo en unas nuevas elecciones. Esto empieza por elegir una Mesa Directiva consensuada que anteponga los intereses del país a los suyos.