No quería volver a escribir sobre Petroperú, pero el sábado el Gobierno publicó un decreto de urgencia otorgándole un nuevo salvataje financiero que incluye nuevos aportes al capitalizar parte de la deuda de Petroperú con el Banco de la Nación, la extensión hasta fines de 2025 de líneas de crédito de este que vencían este año, nuevas garantías, y la asunción del servicio de deudas de los próximos meses por parte del MEF. Ya sabemos quién pagará toda esta fiesta financiera: los contribuyentes. El Gobierno justificó su decisión de continuar apoyándola, basándose en razones políticas, estratégicas y sociales poco sostenibles. Por ejemplo, se puede dotar de combustible a zonas alejadas mediante acuerdos con comercializadoras privadas a menor costo. No existe un análisis costo-beneficio de las distintas alternativas, incluyendo la liquidación ordenada.
El decreto fue muy concreto en el apoyo financiero que se otorgaría, pero muy gaseoso en cuanto a las obligaciones y medidas que tiene que tomar la empresa: no se condiciona la entrega de estos recursos al cumplimiento de ningún cronograma de acciones concretas, como si recién fueran a analizar lo que se tiene que hacer. Tampoco detalló los activos a vender. Por otro lado, la empresa está descabezada, no se conoce el nuevo directorio y el rol del administrador externo se diluyó a la de una firma especializada que diseñe y gestione un proceso de transformación, no Petroperú en sí, sin fecha comprometida. No parece existir voluntad política ni capacidad técnica para resolver los problemas de la empresa a través de una reestructuración profunda, que ya parece un costoso mal chiste.
Muchos opinan que, si Petroperú fuera a entrar en un proceso de quiebra, se afectaría la calificación de riesgo del país. Esto no sería cierto porque las calificadoras ya incluirían en sus cálculos las deudas de empresas públicas, indistintamente de sus garantías; por lo que si Petroperú se liquidara no afectaría la calificación de riesgo país. Otros dicen que liquidarla gatillaría la aceleración del pago de los bonos, pero con una buena comunicación con los acreedores eso no sería un problema. Muchas excusas para no hacer lo sensato.
La liquidación ordenada se vislumbra como la única manera de evitar nuevos apoyos financieros del Estado, pero es evidente que el Gobierno no la dejará quebrar, aun siendo la mejor alternativa. Pero tampoco desea, ni sabe, cómo reestructurarla como corresponde. Me cuesta ver que sigue habiendo analistas que creen en la “reestructuración profunda” cuando es muy claro que el objetivo es pasarle la papa caliente al siguiente gobierno, aunque nos cueste una fortuna, como han hecho gobiernos anteriores. Ya no solo tenemos un problema con Petroperú, sino también con el Banco de la Nación al cual ya le deben varias veces su patrimonio. Paradójicamente, la reestructuración fallida, que parece inevitable, implicará mayores cargas al fisco, más impuestos, y terminará afectando nuestra calificación. Solo nos queda esperar al próximo pedido de ayuda.
