Las ciudades no son solo construcciones de concreto, sino que su esencia radica en los ciudadanos que las habitan. Las grandes urbes permitieron reducir el espacio físico entre personas y empresas, lo cual fomentó el auge de la actividad económica y, en consecuencia, la reducción de la pobreza (Glaeser).
A pesar de ello, se critica la vida en zonas urbanas, debido a que tienden a pronunciar problemas sociales, sobre todo los vinculados a la aglomeración de personas en situación de pobreza. Sin embargo, es importante aclarar que las ciudades no empobrecen a las personas, sino que atraen hacia ellas a quienes viven en una situación adversa en búsqueda de mejores oportunidades. Esto explica por qué durante gran parte del siglo XX se dieron en nuestro país sucesivas olas de migración del campo a la ciudad.
Lamentablemente, los migrantes la tuvieron difícil, ya que el marco institucional pocas veces les permitió realizar actividades básicas, como hacer empresa o ser propietarios de una casa. Y, así, Lima se desbordó de invasiones en las cuales los principales perjudicados fueron y son los mismos invasores. Esto último se refleja en la última actualización del International Property Right Index 2018, en el cual nos ubicamos en el puesto 69/125, siendo el punto más débil el ámbito legal y político.
Este índice es un buen espejo de la realidad. Tenemos un Estado que le pone trabas legales o políticas a la propiedad privada, ya sea intelectual o material, no solo en el ámbito urbanístico sino también en otros varios sectores.
Así, si el nuevo alcalde de Lima quiere hacer algo realmente valioso, que defienda el derecho a la propiedad a través del desarrollo de proyectos urbanos formales (como el que quiere ejecutar en Ancón) y promueva un marco regulatorio favorable a la inversión privada.
